“Ley estatutaria de la JEP le abre la puerta a la CPI”: Fiscal General a la Corte

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En una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez cuestionó los alcances del fallo que avaló la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El jefe del ente investigador aseguró que dicha decisión le abre la puerta a la Corte Penal Internacional para que entre a actuar.

«De ser cierto que la facultad de la investigación permanece de forma meramente nominal en cabeza de la Fiscalía-, tal limitación podría dar lugar a la intervención de la corte Penal Internacional en el Estado Colombiano», precisa uno de los apartes del documento en el que se hace referencia al comunicado de prensa emitido por la Corte Constitucional el pasado 16 de agosto.

En el punto en el que hace referencia a la suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y Reinsertados el Fiscal General asegura que existen dudas sobre el alcance de la decisión de la Corte Constitucional. Sostiene que no es claro si el ente acusador puede citar a diligencias judiciales a estos procesados, lo que desconocería por completo lo establecido en el artículo 79 del proyecto de ley de la JEP.

«Una lectura desprevenida podría dar lugar a que algunos operadores judiciales concluyan que por tal razón no sería posible citar a los reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, interrogatorios, indagatorias, audiencias de formulación de imputación, etc.», precisa el segundo punto del documento firmado por Martínez Neira. El Fiscal General advierte que de ser así esto generaría un caos jurídico.

«En la práctica equivaldría que, mientras la JEP asume competencia en estos caso, en un término que se prevé de hasta tres años, no habría jurisdicción que operara y asumiera que efectivamente tales investigaciones, no habría jurisdicción que operara y asumiera efectivamente tales investigaciones, en desmedro de los intereses de las víctimas y en un claro incumplimiento del deber del Estado de ejercer la persecución penal de graves crímenes», añadió.

En la carta se cita lo dicho por la Fiscal de la Corte Penal Internacional frente a las investigaciones que se deben adelantar en el posconflicto. «La evidencia de que el Estado está adelantando una investigación debe ser lo suficientemente específica y tener valor probatorio que demuestre que, en realidad, se está investigando el caso», señala el documento frente a lo dicho por el organismo internacional.