La reglamentación de la JEP como primera víctima del gobierno uribista

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Por: Giovanny Camacho Caballero/ Se ha suscitado un debate en el Congreso de la República con ocasión a la renuencia frente por la no reglamentación de la JEP por parte de algunas bancadas parlamentarias. Dicha situación se veía venir, dado que los enemigos declarados de la paz con las Farc han tratado por todos los medios de mantener en la discusión pública, con fines electorales, un conflicto armado que el saliente gobierno nacional logró finiquitar de manera satisfactoria.

Acudiendo a una leguleyada propia de tartufos, los miembros de la bancada de extrema derecha (uribistas) plantearon en el parlamento que era necesario que la discusión de la reglamentación de la JEP se aplazara hasta tanto la Corte Constitucional se pronunciara de fondo en relación con la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz que actualmente revisa la Corte.

Ante tan inusitado y oportunista argumento, le correspondió al propio presidente de dicha corporación salir a declarar que la Ley de Procedimiento ante la JEP no depende de la mencionada ley estatutaria y al Comandante General de las Fuerzas Armadas a solicitar tal reglamentación, pues entiende que los procesos en la justicia transicional no solo son importantes para juzgar a los insurgentes sino también para estudiar los múltiples casos en que los miembros de la fuerza pública se vieron involucrados.

Entre quienes se oponen a la reglamentación en el congreso de la JEP se encuentra un número significativo de parlamentarios que acompañaron al Gobierno de Juan Manuel Santos en todo el proceso de paz y que, en su momento, apoyaron, asimismo, los procedimientos y acuerdos a que había llegado el Estado Colombiano con la insurgencia de las Farc.

Este apoyo inusitado a las proposiciones que buscan torpedear los acuerdos de La Habana y en especial la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz, demuestra que, para los integrantes del parlamento, las soluciones a la violencia histórica no son tanto un asunto de interés nacional que evitaría la muerte de inocentes, sean del bando que sea, sino que se traduce en una forma de transacción de favores con el gobierno recientemente electo.

En este caso, el error histórico de Juan Manuel Santos fue que, a partir de la utilización de mermelada engrasó los apoyos para el trámite de los diferentes proyectos que buscaban consolidar los acuerdos con las Farc, motivo por el cual, ya finiquitado su gobierno, su margen de maniobra es nulo en el parlamento, lo que le facilita al senador Álvaro Uribe Vélez el chantaje parlamentario con miras al futuro gobierno que dependerá enteramente de él.

Sabedores de esto, los actuales congresistas en un acto de verdadera minusvalía moral, intentan presionar y congraciarse con el gobierno entrante con el propósito de buscar, a través prebendas presupuestales, quedarle mal a la paz sin importar las consecuencias funestas que para el país pueda traer un retroceso o modificación no acordada de los acuerdos de La Habana.

Por ello, debemos estar atentos a los movimientos que se suscitan en el Congreso, dado que a pesar de los esfuerzos que buena parte de la opinión pública hace para acelerar el proceso de reglamentación, los políticos profesionales harán todos los esfuerzos necesarios para impedirlo, no porque tengan razones de peso para una oposición razonada a tal procedimiento en la JEP, sino porque con ello pueden presionar favores al gobierno del Presidente electo Iván Duque Márquez.

Llama la atención que la bancada uribista ha acusado a la JEP de ser una plataforma para la impunidad de los múltiples delitos cometidos con ocasión al conflicto armado interno, pero cuando se hace necesario la reglamentación para darle paso a la toma de decisiones jurisdiccionales hacen todos los esfuerzos necesarios para impedir, precisamente, la toma de decisiones al interior de este Tribunal que busca garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y la no repetición para las víctimas del conflicto.

En fin, la JEP tiene como propósito ofrecer verdad a la sociedad colombiana; contribuir al logro de una paz estable y duradera; adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las conductas que deban ser juzgadas y sancionadas para garantizar un mínimo de justicia, estas son entonces las razones por las cuales hay que decirle sí a la reglamentación de la JEP.

Twitter: @Giovannycamach – Facebook: facebook.com/giovanny.camachocaballero