La emoción de la consulta

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Por: Wilson Mora/ En los pasados días el Congreso aprobó por mayoría absoluta la famosa Consulta Anticorrupción que algunos han calificado de ser el antídoto, otros un discurso populista y otros de un adefesio, que por nuestra complejidad jurídica tomaría años implementarla si llegase ser aprobada por el pueblo, a pesar de que contiene siete puntos en los cuales cada colombiano votarán por el SI o el NO.

Cada vez que se interactúa con respecto a este tema con personas de diferentes profesiones y oficios, incluso estratos sociales, al preguntárseles si saben en qué consiste dicha consulta, el 90% simplemente responde que es para bajarles el sueldo a los congresistas y desconocen por completo el contenido de los otros seis puntos.

Nos acostumbraron que cada vez que se habla del término corrupción se direccionaba directamente al involucramiento de las acciones de un político o de una persona que ejerce la política, hoy me atrevería a decir que en el universo de todas las acciones que se enmarcan dentro de ese término son los políticos los que tienen menor porcentaje y no propiamente por voluntad propia, si no por el mismo avance de los mecanismos de control, veedurías, medios de comunicación, endurecimiento de penas, inhabilidades, procesos transparente y de participación ciudadana que han permitido correr las orillas de ese océano que cada día está más cercado ante los ojos de la sociedad y que definitivamente es el peor cáncer llamado corrupción.

Revisando en la historia reciente vemos casos de corrupción ajenos a los políticos y que pasan rápidamente a segundo plano, como si existirá corrupción buena y mala. El escándalo de la FIFA, el Cartel de la Toga con fiscal anticorrupción incluido, Reficar, alteraciones del POT, 400 mil familias beneficiadas del Sisbén sin tener derecho a ello, pensiones liquidadas fraudulentamente,  sobornos para evitar multas de tránsito, compras de pruebas del Icfes, compras de fallos judiciales como el que recientemente se descubrió con el caso del empresario Carlo Mattos  y hasta grandes irregularidades en los gastos reservados de las fuerzas militares; son temas que parecieran no es necesario incluirlos en esta consulta…

En otras palabras, la sociedad corrupta le establece normas anticorrupción a sus gobernantes y lo digo de esa manera porque tenemos que entender de una vez por todas que el problema no es de los políticos, es de nuestros genes de sociedad y sobre eso no tenemos aún ninguna consulta.

De ahí me surge la siguiente pregunta: ¿Es honesto acudir a las urnas a votar una consulta sin saber su contenido, sin haber estudiado los impactos, las bondades, los beneficios o posibles consecuencias que también pudiesen existir? ¿Asistiré a participar con el solo pensamiento de bajar los sueldos?, que de por si les menciono un dato a consideración de los expertos en derecho laboral y administrativo. En Colombia existen aproximadamente 1.920 funcionarios que reciben una asignación salarial con estricta proporcionalidad al régimen salarial de los congresistas.

Como se les aplicaría a ellos la reducción proporcional si tomamos apartes de la Sentencia C-1433 del 2000. La Corte Constitucional determinó la inexequibilidad del artículo 2° de la Ley 547 de 1999, por la cual se expidió el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 2000, norma que fue demandada porque el legislador no previó el aumento salarial para todos los servidores públicos, sino solo a favor de quienes devengaran menos de dos salarios mínimos, lo que implica, según el concepto de la Sala, que para efectos de los incrementos salariales de los servidores públicos es necesario tener en cuenta la diferenciación salarial entre unos y otros a fin de determinar cuáles de ellos (por sus ingresos más bajos) tienen una protección reforzada y, por ende, su derecho no puede ser restringido.

En la página web vencealcorrupto.com se encuentra detallado la justificación de todo el contenido de esta consulta, advirtiendo que su lectura y análisis nos invita es más a reflexionar que a creer sobre su contenido, pues si desglosamos y estudiamos cada una de  las preguntas que se someterán el escrutinio, basados en  nuestras bases jurídicas, económicas, sociales y culturales se requerirán décadas para su verdadera trasformación e implementación, debido a la misma conceptualización de las preguntas.

Por espacio de esta columna me limitaré a mencionar solo dos o tres de estos puntos. Uno, como se aplicaría la reducción de los salarios dependientes de la asignación de los congresistas, sin antes advertir que hay que mencionar que a dichos congresistas se les está prohibido ejercer cualquier otra actividad comercial y laboral en el país salvo la docencia.

La pregunta 4: Presupuestos públicos con participación ciudadanas. Realizar audiencias públicas obligatorias para que la ciudadanía y los corporados decidan sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios y sobre la rendición de cuentas de la contratación y ejecución.

No me imagino a los más de 1.200 gobernantes del país  pidiéndole permiso a sus electores que le dieron el triunfo de un programa de gobierno expuesto en campaña y a su vez, ponerlos de acuerdo para poder establecer el plan de inversiones del cuatrienio de mandato, si actualmente vemos que un nuevo mandatario se gasta en promedio de 4 a 5 meses en radicar su plan de desarrollo y ser aprobado por sus correspondientes concejos o asambleas.

Con esta implementación posiblemente se iría a un año de preparación del documento maestro de ejecución del mandatario y es más, me imagino el escenario donde los perdedores de las elecciones utilizarían todos los beneficios de esta pregunta  para buscar torpedear las buenas intenciones del equipo ganador electoralmente… Proyéctelo al presidente haciendo audiencias públicas en todo el país para que la ciudadanía defina la aplicación del plan de inversión del presupuesto nacional… Toda una locura y un retroceso arcaico en materia de la eficiencia pública.

El Espectador publica: “Fue precisamente el senador Roy Barreras, de la U, quien en su intervención intentó desacreditar la intención de la consulta, calificándola como un espejismo, un compendio de buenas intenciones, que no era ninguna solución al problema de la corrupción en el país y que, además, era tremendamente costoso. Las preocupaciones de Barreras estaban relacionadas con dos de los siete mandatos que propone la consulta. Argumentaba que son reformas constitucionales y que este mecanismo no tiene la facultad de hacer esas reformas a la carta política”.

El columnista Alfonso Cuellar de la Revista Semana indicó: “¿No habrá otra manera más eficaz para combatir el flagelo que una votación insulsa sobre una propuesta frívola? Que no se repita el fiasco del mandato por la paz. Nueve y medio millones de colombianos votaron por el mandato por la paz el domingo 26 de octubre de 1997. La iniciativa ciudadana, impulsada por Redepaz y la Fundación País Libre, abogaba por el fin del conflicto armado. Incluía frases como “voto por la paz, la vida y libertad” y exigía a los actores “no más guerras, no más atrocidades, no vinculen a menores de 18 años a la guerra, no asesinen, no secuestren a personas, no desaparezcan a personas y no ataquen a la población ni la desplacen por la fuerza”… Todos conocemos la triste historia que se vivió después de ese apoteósico mandato manifestado en las urnas por los colombianos.

En esta consulta posiblemente gastaremos otros $250.000 millones de nuestros impuestos. Antes de tomar su determinación los invito a que estudien bien el efecto que generaría la aprobación de cada pregunta que en mi concepto personal solamente tres de las siete que votaremos tienen una verdadera trascendencia y aporta a mejorar el complejo mundo de la función pública, por consiguiente es su  responsabilidad como ciudadano determinar cuáles son sus preguntas del SI y cuáles son las del NO, que ayudarían a ser soluciones y no nuevos problemas de enfrentamiento constitucional.

Twitter: @WilsonMora8890