Santandereanas se empoderan frente a los derechos sexuales y reproductivos

Con el fin de socializar las herramientas legales que tienen las mujeres para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en los casos que determina la Corte Constitucional; el Grupo de Población, Ambiente y Desarrollo (G-PAD) de la Universidad Industrial de Santander (UIS) estableció un convenio con la Gobernación de Santander para promover los derechos sexuales y reproductivos de las santandereanas a la luz de la normatividad vigente.

En este sentido, la alianza con la Administración Departamental y la institución de Educación Superior busca formar y capacitar a los distintos funcionarios municipales y profesionales de instituciones prestadoras de servicios de salud, sobre la sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006 y sus anexos o despenalización de la IVE en tres causales específicas.

“Se trata de un tema al que muchas personas, de manera equivocada, se han resistido, violentando la norma y obviamente agrediendo a las mujeres de manera grave. Es por eso que estamos empoderando a las santandereanas en el derecho a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, ante las instituciones de salud”, enfatizó Samuel Prada Cobos, Secretario de Desarrollo Departamental.

El equipo interdisciplinario a cargo de este proceso basa su trabajo en diferentes enfoques como el psicosocial, el jurídico y el médico, con respecto a la IVE.

Pedro Alejandro Castillo Espitia, ginecólogo que hace parte de la implementación del proyecto, explicó que es muy importante que la Administración Departamental se involucre en estos asuntos dado que es fundamental que “las entidades de salud sepan que las mujeres tienen derecho a solicitar la IVE en tres causales importantes. Es clave que las mujeres no vayan a buscar la interrupción en sitios inseguros. De esta manera las entidades podrán dar la orientación y la asesoría adecuada para que la paciente, que tiene los requisitos, pueda ser atendida de manera segura y confiable”.

El costo de estas intervenciones debe correr por cuenta de las instituciones prestadoras de los servicios de salud.

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