Las objeciones presidenciales

Por: Carlos Alfaro Fonseca/ Comencemos diciendo que el señor presidente tiene la facultad constitucional de presentar objeciones por conveniencia a una ley estatutaria, como ya había sucedido en el gobierno anterior. Cumplió con una atribución que me da la Constitución para adelantar objeciones por inconveniencia a proyectos de ley antes de ser sancionados.

Esta misma atribución la adelantó el gobierno anterior con una ley estatutaria luego de haber pasado por la corte constitucional. Está utilizando una atribución presidencial contemplada en el artículo 166 de la Constitución Nacional. No es la primera vez que se objetan apartes de leyes estatutarias luego de su revisión de constitucionalidad, ni la primera vez que se objetan leyes, ni es la primera vez que el Congreso puede hacer mejoras basadas en las objeciones.

Todas las objeciones mejoran la calidad de la justicia transicional y han sido presentadas con un inmenso respeto hacia la Corte Constitucional.

Por otra parte la Corte Constitucional definió que la naturaleza de la Jurisdicción Especial para la Paz es conocer, investigar y sancionar todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1º de diciembre de 2016; tal como quedó estipulado por el acuerdo firmado con las Farc y ratificado en dos sentencias de la Corte.

Son solo seis artículos de 159 los que han sido objetados para que el Congreso reflexione sobre ellos y tengamos una mejor justicia transicional. Sin embargo, la Fiscalía podrá seguir ejerciendo su competencia hasta tres meses antes de que la JEP anuncie su interés en algún proceso, bajo tres limitaciones: No puede llamar a indagatorias o juicios, no podrá dictar órdenes de capturas y no podrá determinar responsabilidades.

Una de las objeciones presidenciales se hizo al parágrafo 2 del artículo 19 de la ley estatutaria, que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables.

Es incuestionable que el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de estos delitos sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad. Esto porque la renuncia a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son los máximos responsables constituiría en impunidad.

Por otro lado la sección de revisión del tribunal de paz de la JEP no puede practicar pruebas en el estudio de la garantía de no extradición. No hacer esta precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países y se fundamenta en el principio de buena fe y cooperación contra el crimen trasnacional.

Es indudable que el señor presidente Iván Duque sorprendió con la presentación al Congreso de una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 001 de 2017, que ya pasó su trámite en el Congreso y en la Corte Constitucional y es el acto jurídico que le da vida a la JEP, tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República.

Lo hizo sobre tres reformas estructurales: 1.-Exclusión de delitos sexuales de la justicia transicional, por eso pide que esos crímenes los procese la justicia ordinaria. 2.- Reincidencia en actividades criminales, que quede claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios. 3.-Conductas después de la firma del Acuerdo, el acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que hayan empezado antes del 1º de diciembre de 2016 y continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la justicia ordinaria.

Ahora sectores cercanos al mandatario se han dedicado a estudiar con lupa el trámite que tendrían en el Congreso las objeciones de la ley estatutaria de la JEP y descubrieron al menos tres sentencias de la Corte Constitucional que indican que si una cámara aprueba los reparos y la otra no, solo se archivarían los apartes objetados y el resto de la iniciativa iría a sanción presidencial. Esto contradice la tesis de expertos y el reglamento del congreso, que establece que en ese caso se hundiría todo el proyecto.

Correo: carlosalfaroabg@hotmail.com

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