Libertad de expresión en plataformas digitales

Por: Édgar A. Henao/ Para el próximo veintiocho de febrero la Corte Constitucional celebrará la audiencia pública sobre libertad de expresión en plataformas digitales. Por  primera vez en Colombia se convoca a una diligencia de tal naturaleza, en dónde serán escuchados interesados y expertos en tres temáticas específicas: i) libertad de expresión en plataformas digitales -redes sociales, blogs, etc., ii) control y responsabilidad en el uso de ellos, iii) la autorregulación en lo que concierne al uso del lenguaje e imágenes.

Quiero mencionar dos casos puntuales donde se tensa el derecho. ¿Puede un funcionario que usa redes sociales, digamos Twitter, para informar datos de su gestión, bloquear a otro usuario por el solo hecho de ser su contradictor político? Puede parecer baladí, pero visto con detenimiento, el asunto conlleva enormes repercusiones en la era digital.

Es cierto que cada quien usa sus cuentas como bien le parezca. Es la esencia de la libertad de expresión. Pero cuando un servidor público decide usarlas  como plataforma  para dar noticias y opiniones relacionadas con su gestión, con su gobierno, con entidades públicas vinculadas a ella, pierde su carácter privado y trasciende al ámbito del interés  social, por lo que se  constituye en un medio frente al cual   la ciudadanía tiene derecho a acceder sin ningún tipo de impedimentos.

Ese fue el caso de  la jueza Naomi Reice Buchwald, en EE.UU., que en una decisión única en su género le prohibió al  presidente Donald Trump bloquear a sus contactos en Twitter. Como de costumbre, miles de usuarios  le escribían críticas, bromas y comentarios irónicos que él -fiel a su talante soberbio-, y su community manager no dudaban en bloquearlos. El resultado: la limitaciones en el acceso, uso y tráfico de información en el ecosistema digital es, o debería ser la excepción y no la regla.

El segundo caso atañe al tratamiento de las conocidas fake news o noticias falsas. Roger Stone, exasesor de Trump y  quien fue salpicado por la infiltración de hackers rusos en las elecciones de EE.UU.,  reconoce el poder de las noticias falsas cuando, estando en el bachillerato, divulgó mentiras de su contrincante para hacerse al cargo de representante estudiantil. ¿Deberían censurarse a los medidos que acuden a este tipo de prácticas?

No. Así transgredan los derechos al buen nombre y honra de las personas. Precisamente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abordó este dilema dentro de su “Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital” del año 2018, en la que  concluyó que la desinformación no se combate con censura y código penal, sino con alfabetización digital.

Y es que el control y censura previa están proscritos en el ámbito jurídico internacional. De ahí que se prefiera la libertad de divulgar. En nuestro país se puede invocar la protección a la honra y buen nombre, cómo no, pero se acude siempre a una audiencia de conciliación para establecer mecanismos similares para  resarcir los efectos de la información falsa.

La decisión que adopte la Corte Constitucional será un hito en la forma como se entienda el  manejo de la libertad de expresión y será una herramienta indispensable del gremio periodístico para continuar en la lucha por el respeto al ejercicio de su profesión. Ya habrá tiempo para comentarla.

Correo: henaot@gmail.com 

Twitter: @henaot1

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