Rubros de salud y vivienda serían los más afectados por el recorte presupuestal

Con la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento, el Gobierno estará en capacidad de obtener tan solo cerca de la mitad de los $14 billones requeridos para financiar el faltante del Presupuesto de 2019 lo que implicaría adelantar un recorte presupuestal que podría llegar a tocar algunos de los programas de gasto social que no contaban con la partida necesaria para ser viables.

A pesar de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que se intentaría minimizar el ‘apretón’ de los rubros sociales, estimó que el recorte total del gasto sería este año de $1,2 billones y que podría llegar a mediano plazo a $5 billones. Además, indicó que más adelante se revisará la política de subsidios.

Eso significa que el recorte no solo podría aplicarse a algunos programas sociales del sector de la salud, la educación, la vivienda o el transporte que se encontraban desfinanciados, sino que el Gobierno tendría que hacer en los próximos meses las cuentas necesarias para ver qué parte del gasto público reduciría sin dejar de cumplir la regla fiscal.

“En el primer trimestre, se revisará cómo mejora o disminuye el recaudo en aras de mirar bien los recortes o aplazamiento tanto de inversión como de gasto”, explicó el senador Richard Aguilar, ponente de la Ley.

Entre los programas sociales que dependían de la aprobación de dicha iniciativa legislativa se encontraban algunos como el Programa de Alimentación Escolar, de Familias en Acción, el de ‘Casa digna, Vida digna’ o los subsidios de energía y gas, entre otros.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, el hueco más grande estaba en el rubro de la salud en el que hacían falta hasta $3 billones para garantizar la cobertura de los 45 millones de colombianos y asegurar la prestación de servicios no POS. El segundo sector más desfinanciado era el de Hacienda en el que hacían falta $2,2 billones, para financiar el posconflicto e implementar los Acuerdos de Paz.

Además, en la parte de Educación faltaban $1,9 billones para mantener los créditos y subsidios de 368.000 estudiantes y entregar 529 millones de raciones de Alimentación Escolar; en Energía eran necesarios otros $1,9 billones para los subsidios de 11,3 millones de familias y 5,1 millones para gas; y en Inclusión Social se necesitaban $1,1 billones para Familias en Acción.

Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el recorte presupuestal para el cumplimiento de la regla fiscal en este año requerirá un esfuerzo importante por parte del gobierno para proteger los principales programas sociales, mejorando su focalización y asegurando que los recursos le lleguen a los más vulnerables. “Esperamos que se pueda profundizar en la depuración del Sisbén y que se continúe mejorando la información para detectar los colados en el sistema”, manifestó.

El primer recorte que anunció el Gobierno en diciembre pasado debido a la disminución del recaudo de la Ley fue el de los subsidios a la vivienda nueva que no son de interés social. Estas ayudas están destinadas a la clase media y se aplican en los inmuebles cuyo valor oscila entre $105 millones y $340 millones.

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