Exclusivo/ Un año del escándalo del corretaje: Vitalogic fue solo la punta del iceberg

El 15 de diciembre de 2017 la opinión pública nacional tuvo conocimiento acerca de uno de los hechos delictivos más graves que se han dado en Bucaramanga en los últimos 50 años. Corrillos reveló de manera exclusiva el documento que confirmaba un acuerdo de corretaje en el participaron dos miembros cercanos de la familia del alcalde Rodolfo Hernández Suárez y varios privados, entre ellos los representantes de las empresas que buscaban afanosamente hacerse al negocio de las nuevas tecnologías en El Carrasco.

El informe periodístico de este medio de comunicación puso en evidencia que detrás de la decisión del mandatario bumangués, de ir contra viento y marea a favor del controvertido contrato con una cuestionada firma conocida como Vitalogic RSU, no radicaba solo en la preocupación para solucionar el tema de la disposición de las basuras, sino porque había detrás del mismo un jugoso botín económico, con ganancias proyectadas a 30 años, el mismo tiempo que se pretendía suscribir la concesión.

Ese día, Colombia conoció la verdadera cara de quien gobernaba Bucaramanga, de los movimientos por debajo de la mesa que venían haciendo su esposa Socorro Oliveros y su hijo Luis Carlos Hernández, para hacerse a una millonaria coima una vez la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y Vitalogic RSU suscribieran el contrato de las nuevas tecnología para la disposición de los residuos sólidos.

La prueba fue contundente. El documento de corretaje, donde se establecieron las ‘reglas de juego’ y la manera como se iban a repartir los dineros de la puesta en funcionamiento de la planta de transformación de basuras en energía y su operación durante 30 años, había sido autenticado en la Notaria Novena de Bucaramanga. La desfachatez de legalizar un negociado puso en evidencia a quienes en las propias oficinas de Constructora HG querían sacarle provecho al grave problema de las basuras en el área metropolitana.

Del negocio de corretaje, además de Socorro Oliveros y Luis Carlos Hernández, también participaron Luis Andelfo Trujillo Rodríguez (el testigo clave); Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto y Jorge Hernán Alarcón Ayala. Ellos, junto con los abogados de Constructora HG y con pleno conocimiento de Rodolfo Hernández, se convirtieron en protagonistas del escándalo de corrupción.

Corretaje, la punta del iceberg

Cuando se develó el documento autenticado en notaría en el que aparece firmando Luis Carlos Hernández Oliveros como “gestor” en el negocio de corretaje y haciéndose a una coima de 100 millones de dólares; se pensó que el de Vitalogic era tan solo un caso aislado. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas pruebas recogidas por este medio, los testimonios del testigo clave, las denuncias del abogado César Fontecha y las investigaciones del diputado Édgar Suárez, establecen que el corretaje tan solo es la punta del iceberg.

Atrás quedaron las buenas intenciones de Hernández Suárez, de buscar una salida a la crisis suscitada por el botadero El Carrasco. Es claro que el contrato entre Vitalogic y la EMAB era uno de los tantos entramados de la familia del burgomaestre. Y no era para menos, de suscribirse la concesión, los intervinientes se hacían a 30 años de ‘regalías’ -con una posible ampliación de la operación por 15 años más- a costa del erario bumangués.

Hoy, un año después de revelarse el escándalo de Vitalogic, los entes de control como la Procuraduría y Fiscalía, extrañamente no se han pronunciado y, al parecer, tiene guardados los procesos -no en neveras sino en congeladores de gran tamaño- ya que no se conocen siquiera una indagación preliminar, ni una orden de captura, ni mucho menos un proceso formal, donde se involucre a quienes intervinieron en este corretaje.

Lo grave es que han aparecido nuevos contratos de corretaje, se han conocido nuevas conversaciones de WhatsApp donde el hijo del alcalde mete la mano en otros negocios bastante jugosos y en los que se involucra a altos funcionarios del gobierno local, como el actual alcalde encargado Manolo Azuero, la Secretaria de Hacienda, Olga Chacón y el Asesor de Contratación, Rodrigo Fernández.

Entre los negocios por debajo de la mesa que también suscribieron o iba a suscribir corretaje y que les generaba una coima millonaria –según reveló Luis Andelfo Trujillo a Corrillos- están el de las antenas de telefonía celular, el alumbrado público, el cuantioso contrato de pavimentación, la construcción de la Plaza San Mateo, el millonario préstamo de un banco judío-argentino para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la construcción de la PTAR (que involucra a un político mexicano con nexos con el Cártel de Sinaloa).

Un año después del escándalo

A partir de la revelaciones de Corrillos, sobre el corretaje para favorecer a las empresas Vitalogic RSU y Sercon SAS, uno de los gestores del mismo, Luis Andelfo Trujillo (hoy, el testigo clave) rompió su silencio y confirmó su participación en los negocios, sino que echó de cabeza a sus antiguos socios y aliados.

Trujillo, además de lo que ya expuso a este medio, también entregó 600 de conversaciones, audios con llamadas referendos a los negocios y fotografías, a la Procuraduría y a la Fiscalía. Incluso –según el testigo- las investigaciones van bastante adelantadas y se cree que muy pronto habrá acciones contra los implicados.

Otro de los testigos, que también deja mal parado al gobierno municipal frente a su actuar en estos negocios, es el abogado César Fontecha, quien prestaba sus servicios para la EMAB. Su salida de esa compañía se derivó ante su negativa para prestarse en los entramados, especialmente en el de las nuevas tecnologías.

Los testimonios de Fontecha son claves debido a que tiene videos y conversaciones en los que –según él mismo ha mencionado por redes sociales- recibió órdenes para que avalara los pliegos de condiciones realizados por uno de los involucrados en el corretaje, en la fallida, pero amañada invitación pública donde se quería direccionar el contrato a Vitalogic.

Además, están los resultados de las investigaciones que ha venido haciendo por su cuenta el diputado Édgar Suarez, tal vez el único dirigente político que con pruebas en la mano ha desenmascarado al alcalde Rodolfo Hernández.

Su labor durante los últimos 12 meses, le ha permitido definir el mapa delicuencial, la línea de tiempo y el modus operandi de este grupo de personas que aprovecharon el pasado controvertible del mandatario local, su devoción por el dinero y la amistad con su familia, para favorecer sus propios bolsillos.

Las nuevas revelaciones

El primero de los cuatro contratos de corretaje conocidos, suscrito el 26 de agosto de 2016, tenía los siguientes porcentajes y las siguientes distribuciones de recursos públicos: Luis Carlos Hernández Oliveros (hijo de Rodolfo Hernández), su ganancia era el 28% que corresponden a $16.800 millones. Jorge Hernán Alarcón (el estructurador del proyecto y conocido como ‘la calavera’) el 34%, aproximadamente $20.400 millones. Luis Andelfo Trujillo (el testigo clave, amigo personal de Luis Carlos) 15%, que correspondían a $9.000 millones. Y Carlos Gutiérrez (encargado de recoger y repartir los recursos provenientes de los documentos de corretaje y distribuirlos) 23%, aproximadamente $13.800 millones.

Fue Luis Andelfo Trujillo, después de invertir $600 millones en este negocio corrupto, quien filtró el primer documento de corretaje tras darse cuenta que después de su millonaria inversión a riesgo lo dejarían por fuera del negocio tras los tropiezos ocurridos luego que Suarez prendiera las alarmas y luego la Procuraduría impidiera dicha negociación. Ante esto, la EMAB, el 27 de julio de 2017, declaró desierto el proceso, tras el concepto firmado por el entonces jurídico de la EMAB, Cesar Fontecha y el Subgerente Operativo, Abelardo Durán.

“Luego de conocido el escándalo, Rodolfo Hernández movió toda su influencia en la Fiscalía General -por su cercanía con el Fiscal General– logró que a Luis Andelfo le aceleraran en Cúcuta, en enero de este año, unos procesos penales con antiguos socios suyos, terminando privado de su libertad y en casa por cárcel, situación que se mantiene hasta hoy”, dijo Suárez.

Por otra parte, Vitalogic RSU solicitó una conciliación prejudicial fijada para el 25 de enero de 2018. Esta atribución la realizaban porque la oferta presentada por Vitalogic RSU fue calificada por el evaluador y estructurador Jorge Alarcón (la calavera y socio del corretaje en el 34%), oferta que nunca se debió evaluar pero que fue calificada con 958.2 puntos sobre 1.000, dándole la posibilidad a Vitalogic de acudir a los tribunales, ante la negativa de conciliación en cabeza de Fontecha.

Entonces se instauró una demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander, admitida el 21 de febrero, que pretende quebrar la EMAB con pretensiones desproporcionadas de $579.000 millones.

Los empleados que dieron sepultura al irregular proceso, Cesar Fontecha y Abelardo Duran, fueron despedidos por orden de Rodolfo Hernández, violándoles el debido proceso. Además, se interpuso en su contra -a través de un tercero- ante la Fiscalía una falsa denuncia como artimaña del alcalde para lavarse las manos.

Luego se dieron a conocer otros tres documentos de corretaje y se filtraron por Blu Radio las grabaciones de conversaciones entre los implicados, así como también copias de consignaciones en paraísos fiscales a nombre de la esposa de Socorro Oliveros (esposa de Rodolfo Hernández), donde se evidencia evasión de impuestos y lavado de activos en la compra dos apartamentos en Miami, a la par con la firma de los documentos de corretaje.

“Con cara o con sello”

En julio de este año fue contratado por la EMAB el reconocido abogado Jorge Pino Ricci para defender los intereses de la empresa ante la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Santander por Vitalogic RSU, con honorarios de $97 millones. Sin embargo, el litigante debió declararse impedido (incluso no aceptar ese proceso), pues él mismo fue contratado por Jorge Alarcón (‘la calavera’) para confeccionar los pliegos de condiciones a la medida de Vitalogic RSU y fue quien conceptuó a favor de la misma firma, tras la propuesta presentada para la adjudicación. Ahora, ¿cómo actuar en contra de la empresa en la conceptuó favorablemente?

En agosto de 2018, el Contralor Municipal suspende al gerente de la EMAB, José Manuel Barrera aplicando el principio de “verdad sabida y buena fe guardada” ya que este funcionario formaba parte de uno de los engranajes de este entramado o ‘vitamecanismo’ como fue llamado por el diputado Suarez en sus columnas de opinión en el diario El Frente.

En octubre le llegan por medio de un mensajero al diputado Edgar Suárez unos 400 folios de charlas vía WhatsApp, copias de consignaciones y fotografías, registradas entre 2016 y 2017, de las conversaciones sostenidas entre el hijo Luis Carlos Hernández y sus socios Trujillo y Carlos Gutiérrez (amigo personal del alcalde).

A comienzos de noviembre se dio a conocer un audio donde se escucha al alcalde Rodolfo Hernández presionando al Jurídico de la EMAB, César Fontecha, para que acepte los todos los documentos de Vitalogic RSU, entre ellos un contrato de fianza, Y lo amenaza e insulta de no hacer lo que le ordena. Hoy se conoce que Fontecha tiene en su poder más grabaciones de conversaciones sostenidas con las personas interesadas en este corrupto contrato, entre ellos Manolo Azuero (alcalde encargado), José Manuel Barrera (exgerente de la EMAB) y la Jurídica de la Alcaldía, entre otros funcionarios.

Además, Luis Adelfo Trujillo ha confirmado que cuenta aún con más grabaciones, copias de consignaciones y otros documentos, que dejan en evidencia que la verdadera corrupción en la alcaldía de Bucaramanga la tiene el alcalde Rodolfo Hernández alojada en su penthouse.

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