Los temores de los periodistas sobre el proyecto de ley que revive la tarjeta profesional

Al final del cuatrenio pasado, los entonces congresistas santandereanos Mauricio Aguilar Hurtado y María Eugenia Triana, dejaron radicado un proyecto de ley que avanza en el Senado de la República. La iniciativa ahora fue retomada por el también senador santandereano, Richard Aguilar Villa (hermano de Mauricio), quien ya tiene la ponencia lista para segundo debate en plenaria, tras una serie de socializaciones.

La iniciativa tiene como objetivo, reconocer la profesión de comunicador social-periodista, creando de paso el Consejo Profesional del Comunicador Social-Periodista y Organizacional, situación ha generado polémica entre las diferentes agremiaciones del sector.

Una alianza conformada por la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Fundación para La Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), agrupadas en el denominado Proyecto Antonio Nariño (PAN), ven este proyecto de ley como una amenaza para el ejercicio del periodismo en Colombia, considerando –además- pocos avances en la promoción de la ética periodística.

Sin embargo, aunque existe indisposición por parte de la denominada PAN, otras organizaciones la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord) y el CPB, entre otros gremios regionales, acogieron la iniciativa presentada y aprobada en primer debate en el Congreso Nacional y han venido aportando ideas para ajustar el proyecto de Ley.

Las dudas de los gremios

El texto del  proyecto evidencia la creación de una tarjeta profesional o credencial que podrá ser solicitada por cierto tipo de personas que hayan cumplido requisitos de estudios, experiencia o porcentaje de ingresos económicos derivados del periodismo, según lo establecido en su artículo 7°.

Si la norma es aprobada, sólo estas personas podrían obtener la tarjeta profesional y acceder a los derechos que se reconocen en el artículo 4° del articulado, esto es, al secreto profesional, al libre acceso a los lugares e información de interés público, al derecho de petición y demás solicitudes invocando la  Ley de Transparencia o a la objeción de conciencia, entre otros.

Y aunque se aclara que esa credencial no es obligatoria y se entregará solo a quienes la soliciten voluntariamente, para el PAN se trata de una propuesta “violatoria de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, por ser contraria al derecho a la igualdad y no discriminación”.

En su concepto, se quedarían por fuera de la posibilidad de obtener esta credencial y de acceder a la plenitud de derechos que se reconocen, por ejemplo, aquellos periodistas que no hayan cursado estudios universitarios en ese campo y que no tengan más de 15 años de experiencia; los que no tengan 15 años de experiencia pero que, a pesar de ejercer el periodismo, no obtengan el 70% de sus ingresos de esta actividad y los que no logren “acreditar” 15 años de experiencia, incluso teniéndola.

“¿Desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico?”, se preguntan las agremiaciones vinculadas al PAN.

Pero, además, el proyecto crea un denominado Consejo Profesional del Comunicador Social-Periodista, que sería el encargado de estudiar y aprobar las solicitudes de dichas credenciales, además de que tendría el poder de suspender temporal o, incluso definitivamente, las credenciales, sin mayores criterios.

“La propuesta crea un riesgo alto de discriminación al crear periodistas de primera y segunda categoría, violando el derecho a la igualdad. Tozudamente, se insiste en una idea que ha sido cuestionada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la Corte Constitucional de Colombia”, advierte una carta enviada por el PAN al senador Antonio Zabaraín, presidente de la Comisión Sexta de Senado, donde la iniciativa ya dio su primer paso.

Para las agremiaciones agrupadas en el Proyecto Antonio Nariño, un problema que sufren frecuentemente los periodistas en Colombia son las obstrucciones por parte de autoridades que no permiten el acceso a los lugares de interés periodístico.

“Reconocer expresamente este derecho para quienes tengan la credencial que establece el proyecto (como en efecto lo hace esta ley) deja en duda tal derecho para quienes no la tengan. Los periodistas también podrían ser discriminados en su contratación en entidades públicas o privadas por cuenta de esta credencial. Y si lo que busca el proyecto es la profesionalización de los periodistas, debería entonces hacer propuestas que avancen efectivamente en la consecución de este objetivo, en vez de en la exclusión de quienes no tienen título”, dicen los comentarios enviados a Zabaraín.

En este sentido, hace alusión a la C-650 de 2003, en la que la Corte Constitucional sostuvo, en relación con una ley que reconocía como periodistas profesionales a quienes tuvieran un título universitario y a quienes hubieran ejercido la profesión por al menos diez años de manera remunerada, que los desarrollos legislativos para reconocer la actividad periodística “no pueden aparejar ningún tipo de exclusión”, que “nadie debe tener el monopolio del reconocimiento del periodista” y que “la finalidad del reconocimiento debe ser eminente y exclusivamente protectora del periodista”.

Al final de la carta, el PAN concluye que el proyecto “es excluyente y deja desprotegida a una población importante de periodistas”, además de que, aunque en su exposición de motivos habla de la importancia de la ética periodística, en ningún momento propone nada para avanzar en este punto. “La ética periodística no se asegura con la aprobación de una carrera en periodismo. Así mismo, no podría asumirse que quien no haya cursado tal carrera no actúa de manera ética. Lo que crea en últimas es un riesgo de discriminación muy amplio, sin ofrecer ninguna justificación suficiente para la creación de una credencial”. Y cabe decir también que en su artículo 10, se da el carácter de “profesión de alto riesgo” al ejercicio de la actividad de los comunicadores sociales o periodistas en general, sin definir si ello tiene implicaciones en cuanto a temas como la pensión, tal y como ocurre con otras profesiones calificadas así.

Las bondades del proyecto

Los delegados por fuera de la alianza PAN, como Fecolper, CNP, Acord y CPB, y que agrupan a cerca de 2.800 periodistas y trabajadores de los medios comunicación en el país, expresaron su respaldo al ponente de la iniciativa, Richard Aguilar.

Entre otros aspectos fundamentales, se ha vinculado al proyecto la profesionalización de los periodistas empíricos, el periodismo como profesión de alto riesgo y la creación del Consejo Profesional de la comunicación social y el periodismo.

A su criterio, la iniciativa es bien intencionada porque busca además rescatar la identidad, darle dignidad a esta importante profesión y devolverles la credencial de profesional a todas aquellas personas que ejerzan o se gradúen en Comunicación Social y Periodismo en Colombia.

También establece la ética que se debe tener, porque si hay una influencia importante en la sociedad es el trabajo del periodista, y por supuesto, no pretende coartar el derecho a la libre expresión, ni al de información que tienen todos los colombianos.

De acuerdo con el proyecto en curso, una vez sancionada la ley, el Gobierno Nacional tendrá seis meses para la conformación de un órgano rector, que determine y verifique quienes cumplen los requisitos exigidos. En las carreras de Comunicación Social, Periodismo y Organizacional, las universidades y facultades tendrán la potestad de entregar la credencial respectiva.

Adriana Hurtado Cortés, presidenta de Fecolper, en su intervención valoró que una de las primeras acciones tiene que ver con la preocupación constante del riesgo con que trabajan los hombres y mujeres periodistas; en condiciones laborales difíciles, sin seguridad social muchas veces y desde la realidad que especialmente padecen los comunicadores en las regiones en un trabajo bajo amenazas, asesinatos y secuestros, como lo registra la historia.

Se dejó en claro que el articulado propuesto por el equipo legislativo puede ser revisado con el ánimo de aportar insumos técnicos que permitan fortalecer el contenido con aspectos relacionados con garantías para ejercer en condiciones de seguridad y libertad.

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