Responsabilidad penal y disciplinaria de los directores de la CAS

Por: Leonardo Granados/ En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, la cual es considerada como una Constitución ecológica, se vislumbraba la dignidad humana ecológica como principio garantista del desarrollo sostenible. Sin embargo en un país dotado de exagerada riqueza natural, pero diseñado sobre la práctica de la depredación, esa Constitución ‘verde’, abre las puertas del juego político a la causa ambiental y sienta las bases de un modelo de desarrollo menos irracional. Es a grandes rasgos el consenso entre los diversos grupos ambientalistas y políticos que entablaron por primera vez una simbiosis para oxigenar al país.

Esos buenos deseos se empezaron a materializar mediante la expedición de la Ley 99 de 1993, conocida como la Ley de medio ambiente, por medio de esta norma se crean las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para que ejerzan la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, se les otorgó la potestad sancionatoria para que aquella persona pública o privada que cometiera una infracción ambiental, contaminara el ambiente o destruyera el medio ambiente, hicieran uso de la Ley 1333 de 2009 y pudieran imponer sanciones de 1 a 5.000 mil salarios mínimos legales mensuales y además de poder suspender y revocar las licencias ambientales de las compañías que violaran la ley ambiental, es decir, fueron consideradas los perros guardianes del ambiente, como amantes de la naturaleza siendo la autoridad ambiental.

Conforme a lo anterior, en Santander se creó la Corporación Autónoma de Santander (CAS), entidad a la que se le olvidó su potestad sancionatoria al ejercer como perro guardián del ambiente santandereano, es así que mediante Resolución 0792 del 5 septiembre de 2013, la CAS niega la solicitud de licencia ambiental a la empresa de aseo Rediba SA., en consideración a que el polígono a licenciar se traslapa en un 100% en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del humedal San Silvestre. En este punto defendió el ambiente y la Ley.

Pero como dice el Banco Mundial, la corrupción es el abuso de poder para beneficiar a un tercero, a costa del perjuicio de lo común, así actuó la directora de la CAS. En su Consejo Directivo que era presidido por el entonces Gobernador Richard Aguilar, quienes sin son ni ton, sin consultar al pueblo barranqueño que le iban afectar su área protegida y a contaminar su única fuente de agua para el consumo humano, mediante Acuerdo 261 del 8 de julio de 2014, sustrae un área equivalente a 30 hectáreas y 6 mil setenta y ocho metros cuadrados (30 has 6.078 m2), para la construcción y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos, de Rediba, en la zona del corredor del Jaguar Americano, especie en vía de extinción.

Y aun cuando el Decreto 838 de 2005 prohíbe la construcción de rellenos sanitarios en zonas donde existan especies en vía de extinción y cercanos a fuentes hídricas, se violaron las determinantes ambientales del DRMI San Silvestre, Resolución 1432 de 2010, que establece que uno de los usos prohibidos del suelo es la disposición final de residuos sólidos, también violaron el POT que determina que esta es una área protegida con uso de suelos para actividades agropecuarias.

Para esta tragedia ambiental se contó con la venia del exgobernador y hoy senador Richard Aguilar y el actual representante a la Cámara Edwin Ballesteros, el mismo que viene defendiendo el Fracking. A ellos poco les importa lo que le suceda a las fuentes hídricas del Magdalena Medio. Así empezaron los actos corruptos de la CAS.

Violada la norma y abriendo de piernas el área protegida, Rediba (en septiembre de 2014) sin tener licencia ambiental, comenzó a realizar tala indiscriminada de árboles, intervención de cauce ilegal, taponamiento de humedales, movimiento en masa de tierras. En ese entonces actuó el coordinador regional de la CAS, Belmer Carvajal y selló la obra e inició -por la infracción ambiental- la investigación administrativa sancionatoria, pero de inmediato le salió al paso la directora de la CAS.

Flor María Rangel (quien fue privada de la libertad por el delito de peculado por apropiación indebida) ordenó al funcionario que dejara eso quieto, cometiendo un delito y una falta disciplinaria como autoridad ambiental otorgándole licencia ambiental a Rediba mediante Resolución del 28 de noviembre del 2014 con Radicado DGL. No. 00001121, en la Vereda Patio Bonito del Corregimiento La Fortuna de Barrancabermeja, violando la ley por cuanto lo ubicó dentro del área protegida del humedal San Silvestre DRMI, área de especial importancia ecológica.

Ante semejante acto ilegal, no se hizo esperar la actuación de la Contraloría General de la Nación que en breve refiere: “… Es claro que la Corporación Autónoma Regional de Santander al momento de otorgar la licencia ambiental conocía las prohibiciones y restricciones existentes, las cuales eran factores suficientes que debieron hacer inviable otorgar dicha licencia, esto constituye hallazgo disciplinario con incidencia penal…”, es decir una condena más para la exdirectora Rangel, quien pensó que estaba licenciando el patio de su casa.

Siendo ilegal la licencia ambiental, no fue poco el impacto generado en el año 2014 por Rediba, porque incurrió en delitos ambientales graves, ya que realizaron actividades sin haber cumplido con requisitos técnicos para operar y los lixiviados terminaban en los cuerpos de agua, basuras por fuera del vaso del relleno, contaminando los humedales y se generó las primera mortandad de peces. Lo que habíamos anunciado.

Ante hechos tan graves la CAS impuso medida preventiva y ordenó suspender la licencia, por lo cual ya no podían disponer residuos sólidos, pero Rediba contaba con un amigo que no ama a Barrancabermeja, Elkin Bueno, alcalde para la época, quien expidió un Decreto de emergencia y pasó por encima de la autoridad ambiental y ante este respaldo ilegal del mandatario, los dueños de Rediba sintieron que podían hacer y deshacer, iniciando con la tala indiscriminada de árboles por fuera de la licencia ambiental, intervención de cauce ilegal, taparon el paso de caño Moncholo represando las aguas y destruyendo el bosque húmedo tropical primario, afectaron el corredor del Jaguar Americano y como si fuera poco, bombeaban lixiviados directamente a los cuerpos de agua que desembocan en la Ciénaga San Silvestre, con un carrotanque de 3.500 galones.

Sin duda, unos criminales del ambiente. Pero no se hizo esperar la actuación de la Fiscalía delegada para delitos ambientales, quien le imputó cinco delitos a la gerente de Rediba, daño a recursos naturales, contaminación ambiental, invasión de área de especial importancia ecológica, destrucción y ocultamiento de elementos materiales probatorios y fraude procesal. Ella fue privada de la libertad.

Ante este acto criminal contra el medio ambiente, la Corporación San Silvestre Green, le solicitó mediante petición fundada al nuevo director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez, que revocara la licencia ambiental por los delitos cometidos en el área protegida, probados en informes de la Secretaría de Medio Ambiente y Fiscalía General de la Nación. El Decreto 1076 de 2015 establece que cuando la conducta es reincidente y grave, debe revocarse la licencia ambiental y la Ley 1333 de 2009 refiere que después de ser suspendida la licencia y cometer un delito ambiental por el beneficiario debe revocarse la licencia ambiental.

Sin embargo el actual director de forma corrupta, levantó la medida de suspensión y legitimó delitos ambientales graves sin la debida sanción administrativa donde debía revocar la licencia ambiental y ordenar la restauración del área protegida, es decir, en Santander los directores de la autoridad ambiental tienen como costumbre delinquir desde su cargo en contra del ambiente, se les olvidó su potestad sancionatoria y pretenden hundir a Barrancabermeja en la destrucción de su única ciénaga para el abastecimiento de agua para el consumo humano. Por ese motivo será sancionado disciplinaria y penalmente, por violar su deber funcional y amparar a los delincuentes del ambiente. Barrancabermeja se respeta, señor director de la CAS y tiene dolientes que la defienden por la defensa de los derechos de las presentes y futuras generaciones.

Finalizo trayendo a colación aquella bella frase de Mahatma Gandhi: “Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto, o por estar años por delante de tu tiempo. Si estas en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón, incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad.”

Correo: ralegc@yahoo.com

Facebook: Leonardo Granados Cardenas

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