Piden al Congreso de la República agilizar procesos contra magistrados Malo y Villarraga

En manos de Ernesto Macías, presidente del Congreso de la República, se encuentra una carta remitida por la Corporación Excelencia en la Justicia con una petición clara: agilizar los procesos que se siguen contra el magistrado Gustavo Malo Fernández y el exmagistrado Henry Villarraga. Mientras el primero es investigado por el escándalo conocido como el cartel de la toga, el segundo es señalado de asesoramientos ilegales.

«Teniendo en cuenta la trascendencia que tiene estos casos frente a los cuáles la Cámara de Representantes agotó su función constitucional, me dirijo a usted para solicitarle, respetuosamente, la priorización de estos procesos en el Senado, con el fin de que se defina prontamente la situación de las personas citadas y las eventuales sanciones a las que sean merecedoras» precisó la petición de la corporación enviada al congresista Ernesto Macías.

El magistrado Malo Fernández, de la Sala Penal de la Corte Suprema, es investigado por, supuestamente, haber influido en decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero. Ya la Cámara de Representantes lo acusó formalmente el 25 de abril por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva. Ahora, el Senado, precisamente, debe definir si confirma la acusación y si envía o no el proceso a la Corte Suprema para que sea juzgado penalmente. La Corte Suprema ya había pedido celeridad en este proceso.

Por su parte, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga es señalado de haber hecho “negociaciones” con el coronel (r) Robinson González del Río, condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales y ejecuciones extrajudiciales. El caso de Villarraga llegó a la Comisión de Acusación en 2013, luego de que se conocieran unos audios en los que se escuchaba hablar a Villarraga con el militar retirado para que, al parecer, los casos fueran investigados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria.

Al igual que el caso del magistrado de la Corte Suprema, la Cámara de Representantes lo acusó ante el pleno del Senado. “La acción conjunta del Estado para investigar y juzgar oportunamente este tipo de hechos, constituye una oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia y para enviar un mensaje ejemplarizante a quienes tengan la tentación de cometer o sucumbir a actos reprochables, penosos y siniestros, que empañan la labor de miles de magistrados y de funcionarios judiciales que trabajan con honestidad y compromiso”, dijo, en la carta, Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación.

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