El auge de lo intangible (Ley Naranja)

Por: Paola Guarín/ Los mercados mundiales se están caracterizando por enfocar nuevos sistemas de negocio en la cobertura de venta de servicios intangibles, cuya esencia radica en la alta gama de comodidad y servicio que ofrece a sus consumidores solo con hacer un click, utilizando un celular u ordenador.

La Economía Naranja la cual es de gran discernimiento por nuestro recién posesionado Presidente Iván Duque, coautor del libro «La economía naranja. Una oportunidad infinita». La Economía Naranja se define como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad”.

En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el entonces senador y hoy presidente de la Republica, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo cinco en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a ‘pupitrazo’, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el entonces presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.

La Ley Naranja, pese a que no sea un tema de ícono en estos tiempos, se puede percibir que en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel.

A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro y no como bienes comunes de la sociedad.

El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales.

El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.

Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

Es importante reconocer que el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte con la entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

Los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros.

Otro aspecto relevante es que  Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general, siento una sentencia para el fortalecimiento cultural y étnico de nuestras raíces.

La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”.

La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.

Con lo anterior nuestra querida y folclórica madre patria no cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros.

Esta Ley es el más claro ejemplo de la afirmación coloquial “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial, hecho evidente que podemos constatar en países anglosajones.

La cultura y el arte necesitan una herramienta jurídica que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación intelectual nacional y sus aportes a la sociedad cultural, siendo necesario traer un debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales y que en ultimas se pretenda proteger la soberanía cultural.

Correo: paolaguarin1985@gmail.com

Twitter: @Bupagu

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