¿Qué hay detrás de la propuesta de ampliar a cinco años el periodo presidencial?

La representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, le salió al paso a la iniciativa que se discute en la Comisión Primera de Cámara, que busca unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con el periodo presidencial, y prolongar el de los actuales mandatarios regionales y locales hasta el 2022. Se trata de una propuesta para reemplazar la que fue discutida esta semana en la célula legislativa y que despertó polémica entre algunos sectores que consideraron inconstitucional ese intento de prórroga de mandato.

Aunque la propuesta de Goebertus plantea la necesidad de unificar los periodos de los funcionarios electos popularmente a nivel nacional con los departamentales y municipales, pide que dicha posibilidad sea solo aplicable hasta el año 2028. Lo anterior, señala la congresista, para evitar legislar en interés propio y, mucho menos, si beneficia a funcionarios actualmente en ejercicio del cargo. Y es que dentro del proyecto que presentó la legisladora de los verdes, se busca la posibilidad de ampliar el periodo presidencial, el de los congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, fiscal, contralor y defensor del pueblo.

“Contar con periodos más largos permite dar estabilidad y continuidad al gobierno con el fin de evitar las alteraciones que causan las rupturas propias de los periodos más cortos. De tal manera, extender un año el periodo de gobierno permite ofrecer un año adicional de ajuste y planeación para que los siguientes 4 sean de ejecución”, argumentó Goebertus en la ponencia que será presentada ante la Comisión Primera de la Cámara la próxima semana.

¿Cómo funcionaría, entonces, la elección que propone la legisladora para unificar periodos? A partir del 2022, cuando los colombianos estén convocados a las urnas nuevamente, para elegir al reemplazo del presidente Iván Duque, comenzaría a regir el periodo de cinco años para los jefes de Estado. Es decir, iría hasta el 2027. Lo que se plantea es un periodo de transición, por una única vez, para que ese presidente electo ejerza por cinco años y cinco meses, de tal modo que se pueda unificar su periodo con el de los acaldes y gobernadores. Y esa es la segunda parte de la reforma.

Los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de Juntas Administradora Local elegidos en 2019 y 2023 tendrán periodos de 4 años. Pero para ellos también se busca ampliar el periodo a cinco años y funcionaría así: los electos en 2027 para el siguiente periodo comenzarán a ejercer sus funciones en 2028. “Para velar por el equilibrio de poderes y la correcta vigilancia y control de las entidades, se extiende el periodo del fiscal general que empezará a regir para la elección del año 2020. En el caso del defensor del pueblo, el nuevo periodo de cinco años también empezará en la elección del 2020. Por su parte, para el procurador general, el periodo de cinco años empezará a regir en la elección del 2021. Para el contralor general se mantiene lo dispuesto respecto a la coincidencia de su periodo con el del presidente”, agrega el texto de la propuesta.

¿Cómo serían los periodos y las fechas elección? El presidente que resulte electo en 2022 ejercería sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Los alcaldes, gobernadores, miembros de Asambleas, Concejos y JAL elegidos en octubre del año entrante irían hasta el 31 de diciembre de 2023, y los congresistas electos en 2022 ejercerían hasta el 20 de junio de 2027. El propósito es, pues, el de unificar los periodos de todos estos cargos con el fin de unificar los ciclos de planeación y puesta en marcha del presupuesto nacional y regional.

Para elegir a los legisladores, se buscaría que la fecha de elecciones sea convocada para el segundo domingo de marzo de 2027. Para votar por jefe de Estado, el segundo domingo de agosto de 2027, y para alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de JAL, para el segundo domingo de octubre de 2027. Todos comenzarían en el ejercicio de sus funciones a partir del 1 de enero de 2028.

“La planeación, destinación de recursos y la administración (…) debe guardar cierta coherencia, con el fin de que los objetivos locales puedan realizarse y no sean contradictorios con los ciclos de presupuestación y la planeación nacionales. Actualmente, la definición del Plan Nacional de Desarrollo se da al final del tercer año de gobierno de las autoridades locales, lo que afecta su último año de gestión una vez decidido el PND”, concluye en la argumentación Goebertus.

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