Dosis mínima, más que prohibición

Por: Lina Rocío Barbosa Dueñas/ Colombia, lastimosamente uno de los mayores productores de droga en el mundo registra en la actualidad 209.000 hectáreas de coca, según la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca.

Asimismo, el país duplica el consumo interno de cocaína. En 2013, 2015 y 2017, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, realizó un estudio con hombres y mujeres entre 18 y 35 años sobre consumo de drogas lícitas e ilícitas como lo son el alcohol, tabaco, marihuana y cocaína en Bogotá.

Para los dos primeros años, la universidad contó con el apoyo del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública de Asuntos del Sur. El análisis del Cesed demuestra que la cifra de consumo de cocaína se duplicó, donde pasó de 7,5 % en 2013 a 17 % en 2017.

Cifras nada alentadoras que dejan ver un círculo vicioso con un aumento directamente proporcional entre el aumento de los cultivos ilícitos y el aumento del consumo interno. Estas estadísticas van acompañadas de las innumerables noticias en las que bandas de microtráfico se dedican a las afueras de los colegios a dar “‘dulces” a los menores para ingresarlos a este mundo del vicio, del que quizá nunca salgan.

El consumo interno, que cada vez aumenta es una de las problemáticas que afecta a las familias colombianas en todo tipo de estrato y región. Por ello, las familias desesperadas por la drogadicción y la inseguridad piden soluciones prontas.

El Gobierno Nacional, tal y como lo planteó en sus promesas de campaña, inició esta semana con la firma del decreto que prohíbe la dosis mínima, no con el afán de criminalizar al consumidor pero sí con la de perseguir al expendedor, quien se escondía en la legalización de esta dosis.

Los jíbaros se amparaban en la sentencia de la Corte que define la cantidad de dosis mínima de droga dependiendo de la cantidad que el enfermo requiera para saciar su adicción, hecho que dificultaba el accionar de las autoridades.

Gracias a la medida que entró a regir este mes, se regula el código de la Policía Nacional y se le faculta para que pueda incautar y destruir la droga que sea encontrada en los ciudadanos, técnicamente conocido como el “Protocolo del medio de policía de incautación y de la medida correctiva de destrucción del bien”, en este caso la sustancia ilegal.

No obstante, hay familias asustadas por el desconocimiento de esta nueva norma que entró a regir, por lo tanto, el Gobierno deberá hacer más pedagogía y no solo dedicarse a una medida coercitiva sino por el contrario brindar una atención integral para el enfermo y su núcleo, quienes sufren los flagelos de la drogadicción diariamente y piden ayuda a gritos.

La ayuda inicialmente siempre serán los centros de rehabilitación, los cuales con excepción de obras de caridad son de un alto costo para un país en donde la mayoría de los colombianos solo recibe de ingreso entre uno y dos salarios mínimos.

Por ello, a veces la voluntad no basta, pues esta atención debe ir acompañada de opciones laborales de rehabilitación, terapia psicológica y de apoyo, entre otras que deben ser estudiadas para una política pública que ataque este problema de salud pública.

Por ahora, abonarle al Gobierno iniciar acciones en pro de la juventud y la niñez colombianas. Sin embargo, hay quienes califican la medida del decreto de la dosis mínima de inconstitucional y lanzan críticas,  pero no plantean soluciones, así que considero que habrá que dar un tiempo de evaluación para ver resultados de la implementación de esta medida y pasar de la crítica al hecho.

Twitter: Lirobadu – Instagram: Lirobadu – Facebook: Lina Rocío

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