El servidor público ideal

Por: Miguel Ángel Moreno Suárez / La Constitución Política de Colombia enuncia que “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. Esa es la definición constitucional y la ideal, que cumplida a la letra evitaría sanciones disciplinarias y frustraciones ciudadanas. En ese mismo orden, el texto normativo superior establece que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

El espíritu del anterior precepto señala el camino adecuado y bueno, de la persona que aceptando ser servidor público decide ponerse al servicio de esas dos instituciones Estado y comunidad a cambio de recibir una remuneración que le permitirá vivir dignamente, esto es, poder satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar.  Ese debe ser el ambiente ideal para la simbiosis del servicio público. En ese justo equilibrio está la garantía de principios esenciales de la administración pública como son la honestidad, la transparencia, la ética, la igualdad, la responsabilidad, la lealtad y el respeto.

El servidor público es investido de poder por una decisión directa o indirecta de la comunidad, es decir, por elección popular o por decisión de otros servidores públicos que han recibido un mandato directo de la comunidad para entre otras funciones nombrar a determinados servidores públicos. Las dos categorías obedecen a la comunidad y por su investidura al Estado. Esa es la ecuación y no puede invertirse; cuando se invierte surge la corrupción.

En nuestro país las cosas están cambiando y para bien. La lucha contra la corrupción está dejando de ser una retórica sin praxis para convertirse en un patrimonio ciudadano y comunitario. Las comunidades se apropian cada día más del discurso anticorrupción demandando y queriendo prácticas transparentes y servidores públicos más cercanos a la comunidad a la que se deben. Se nota que no desean más personas que una vez acceden al servicio público, establecen una barrera que impide la comunicación y el trato con la comunidad de la que proviene su mandato y poder. Las comunidades entendieron que la batalla contra la corrupción no es un simple juego de palabras, sino una acción que involucre un componente de comunicación eficaz y constante entre ella y sus servidores públicos. El discurso anticorrupción está mutando desde el anacrónico concepto que era útil herramienta de chantaje a los servidores públicos, para ser hoy un componente concomitante con las decisiones públicas en las que se involucran los ciudadanos miembros de la comunidad.

Si se logra que en Colombia se establezca una cultura de servidores públicos ideales, comprometidos con el bien común, se darán más pasos para transformar la vida de la Nación. Ese proceso será útil en la medida que nos involucremos la nueva generación con la actual, para interactuar y construir una sociedad transparente que atraiga a las generaciones venideras a ser parte del servicio público ideal.

Twitter: @MiguelMorenoSu

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