El escándalo por compra de tierras que salpica al alcalde de Barrancabermeja

El negocio de dos predios en zona rural de Puerto Parra (Santander) es la punta del iceberg de un escándalo que involucra directamente al alcalde Darío Echeverri Serrano; a su esposa, un hermano y otras personas cercanas a su Administración. Testigos los relacionan con posibles delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, entre otros; proceso que acaba de ser puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Corrillos! conoció de manera exclusiva como el Mandatario Local se habría hecho a la propiedad de dos fincas, Patio Bonito (134 hectáreas) y Santa Helena (46 hectáreas); en un contrato de compraventa suscrito el pasado 16 de abril de 2016 entre el entonces dueño de los lotes, Lorenzo Arturo Gil Chávez y la empresa Multiservicios Getsemaní SAS –que según el mismo documento- el representante legal es Pablo Emilio Murillo Villareal, paradójicamente amigo del mandatario y funcionario de su Administración.

La venta de los predios se pactó en 1.500 millones de pesos en un documento en el que contiene todo tipo de irregularidades. Por ejemplo, uno de los intervinientes afirma que él nunca fue hasta la notaría pero extrañamente apareció su firma en un formato oficial de diligencia de reconocimiento del contrato en la Notaría Segunda de Barrancabermeja.

Para José Luis Carlos Palomo, quien obró como testigo (y/o comisionista) de la mencionada compraventa de los predios, todo el negocio se hizo en las oficinas de Murillo Villareal y no en la Notaría. Incluso –dice en un video que ya está en poder de la Fiscalía- fue Mario Hernán Echeverri Serrano, el hermano del alcalde de Barrancabermeja, quien en varias tulas llevó en efectivo los primeros 500 millones de pesos para cumplir con la forma de pago pactada. En el contrato de compraventa, como testigo, también participó el hermano del mandatario.

Los abogados Wilson y Luis Alberto Jiménez Ospino han logrado detectar las supuestas irregularidades en la adquisición de estos bienes, toda vez, como apoderados de la entonces compañera permanente de Gil Chávez, el propietario inicial de las dos fincas; han podido establecer que detrás de este negocio hay una posible red corrupta de funcionarios de la alcaldía, la Notaría Segunda y de la Superintendencia de Notariado y Registro.

¿A manos de quien fueron a parar los predios?

Aunque existe un Contrato de Compraventa que establece que los predios fueron vendidos a la empresa Multiservicios Getsemaní SAS, representado por Murillo Villareal, lo cierto es que –según los respectivos Certificados de Tradición, expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, son otros los dueños de la propiedad.

Por ejemplo, la Finca Santa Helena aparece registrada en 2016 a nombre de Mariluz Núñez Herrera, la esposa del alcalde de Barrancabermeja. Ella –según el Certificado de Tradición– adquirió el predio en tan solo 180 millones de pesos, el mismo que 1992 (en plena época de violencia en la zona) fue transado en $1.069 millones.

Las otras tierras, denominadas Patio Bonito, también tuvieron un movimiento misterioso en materia de dueños. El Certificado de Tradición no registra a Getsemaní SAS como dueña, en cambio sí aparece como propietaria una empresa llamada Consaring SAS, cuya representante es Laura Lili Montes Acevedo (una funcionaria de la alcaldía), pero como propietaria quedó registrada Luz Patricia Navas Acevedo, suplente de la representante legal y madre de Laura Lili. Este inmueble fue adquirido en tan solo $530 millones.

En la denuncia penal, instaurada por los abogados Jiménez Ospino, también se relaciona como testigo a José Luis Palomo Gaitán, hijo del comisionista, quien aseguró que “estuvo presente en ese negocio” y que “esas fincas le pertenecen al alcalde de Barrancabermeja” y “los supuestos propietarios de los predios rurales son testaferros de Darío Echeverri”. (Ver texto de la demanda)

Los extraños hechos que se deben investigar

Además de los testimonios del comisionista y su hijo contra el alcalde, su esposa y su hermano; en la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, también es implicado el abogado Luis Alfonso Duque Salazar, quien para la época de los hechos era el apoderado de María del Carmen Oviedo Mejía, la compañera permanente de Lorenzo Arturo Gil Chávez (propietario inicial de los predios).

Duque Salazar, según testimonios de su clienta, hizo una serie de movimientos a sus espaldas que permitieron que los predios Patio Bonito y Santa Helena, que estaban en proceso de liquidación de la sociedad patrimonial, pudieran ser vendidos. Entre esos movimientos, solicitó el levantamiento de las medidas cautelares de los predios.

Corrillos! pudo establecer que el abogado fue funcionario de la Fiscalía, asistente de Fiscal en Barrancabermeja, fue destituido por actos de corrupción, condenado en centro carcelario. Además, ha sido sancionado disciplinariamente por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que no se explica el por qué ejerce como abogado.

Otro de los implicados es la Jueza Segunda Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, María Luisa Flórez Herrera, quien hizo caso omiso a la solicitud que le elevó el abogado Abelino Mosquera (apoderado de Gil Chávez) de suspender el proceso de liquidación de la sociedad patrimonial, por considerar que habían irregularidades procesales. Además, ella ordenó levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los predios, los cuales estaban dentro del trámite de la liquidación de la sociedad patrimonial.

Cabe mencionar que ella es la misma jueza que mediante fallo de primera instancia de una Acción de Tulela, favoreció al alcalde de Barrancabermeja suspendiendo la jornada electoral de revocatoria y es investigada por esa decisión.

Dentro de los investigados, también aparece el nombre de Amadeo Cáceres Solano, quien confesó hace dos meses, en diligencia judicial en Puerto Parra, haber hurtado buena del ganado de la Finca El Diamante I, también de propiedad de Gil Chávez. Se cree, según la investigación, que en conjunto con el abogado Duque, hicieron parte de la “empresa criminal que llevó a la venta irregular de los predios Patio Bonito y Santa Helena”, exponen los denunciantes.

La Fiscalía deberá establecer el aumento patrimonial injustificado, tanto de Cáceres como de Duque, quienes –según testimonios y pruebas documentales- ambos tienen a su nombre bienes producto de posibles actos ilícitos.

El infierno de unos, el paraíso de otros

El tema acerca de cómo llegan los predios Patio Bonito y Santa Helena a manos de personas cercanas al alcalde Echeverri nace de una historia de amor con desenlace fatal. Lorenzo Arturo Gil Chávez, el dueño de las fincas, fue un piloto de aviación que debió retirarse de la actividad por un accidente.

Él, quien además de haber sido favorecido de una dación de pago y con su trabajo y visión empresarial, logró amasar una gran fortuna (que aún no ha sido cuantificada) producto de varias fincas, casas, ganado, acciones en empresas, entre otras. Durante 23 años convivió con María del Carmen Oviedo Mejía, una mujer que tuvo dos hijos –hoy, aún menores de edad- con una persona diferente y que Gil Chávez decidió reconocerlos como propios.

Producto de situaciones personales, ambos decidieron separarse y en común acuerdo –según relata ella- decidieron liquidar la sociedad patrimonial en partes iguales. Gil contrató a la abogada María Inés Moreno Narváez (por sugerencia del abogado Roberto Vitola, amigo de Gil) y María del Carmen Oviedo Mejía al abogado Luis Alfonso Duque Salazar.

Las investigaciones de los abogados Jiménez Ospino, lograron determinar que Duque –al parecer- planeó desde el comienzo “tumbar” a su cliente y para ello se reunió con su colega de la contraparte para plantearle negocios turbios.

Además –dice la litigante- otro abogado de nombre Efraín Molina Montero, quien también tiene un contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Hacienda de Barrancabermeja, le entregó 1.500.000 pesos como soborno para que ella renunciara al proceso y de esta forma el propio Molina siguiera representado a Gil Chávez.

La idea de Molina, en concurso con Duque (el abogado María del Carmen Oviedo) era el presentar un memorial a la Juez Segunda Promiscua de Familia (en una supuesta conciliación) dejar sin efecto jurídico la diligencia de inventario de bienes y avalúos y retirar el partidor (perito). Palabras más, palabras menos, los susodichos abogados pretendían (con el aval de la juez) que Patio Bonito no hiciera parte de la sociedad patrimonial puesto que ya había un contrato de compraventa con Multiservicios Getsemaní SAS.

Aduce la abogada que decidió no seguir representando a Gil Chávez porque asumió como funcionaria de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) en Barrancabermeja. El caso lo asumió el recién graduado abogado Abelino Mosquera, en los procesos de liquidación de la sociedad y la impugnación de paternidad.

Abelino Mosquera fue el abogado que le notificó a la Juez que se estaba cometiendo una irregularidad al adjudicar a Lorenzo Gil ese inmueble porque el proceso de liquidación no había concluido. Sin embargo la Jueza hizo caso omiso  a la observación del litigante y por ende, Patio Bonito se mantuvo por fuera del inventario de bienes en litigio.

Funcionarios involucrados

El eje de toda la transacción que permitió la adquisición de Patio Bonito y Santa Helena, fue el contador público, Pablo Emilio Murillo Villareal. Él fue Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja por muchos años; fue Revisor Fiscal de la ESE Barrancabermeja y hace parte, junto con su esposa, de la nómina de la Secretaría de Hacienda de Barrancabermeja. Se habla con mucha fuerza que es el contador privado de Darío Echeverri.

A Murillo, la Fiscalía deberá investigarlo como posible testaferro e integrante de “la empresa criminal que se quedó con los dos inmuebles”, además fue el creador de las dos empresas fachada (Multiservicios Getsemaní SAS y Consaring SAS). Ambas tienen la misma dirección de domicilio (Calle 49 No 11-60 Piso 3).

Cabe recordar, según Certificado de Existencia y Representación Legal, de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, ninguna tiene la capacidad económica para adquirir los predios ni son idóneas para hacer ese tipo de negocios.

La otra implicada que puede resultar clave para la Fiscalía es Laura Lili Montes Acevedo, Representante Legal de la empresa Consaring SAS. Ella, según pudo conocer Corrillos, es actualmente la Gestora de Proyectos de la Alcaldía de Barrancabermeja y su salario no le permite tener la capacidad económica para comprar un inmueble de $530 millones. Tampoco existen datos acerca de la transacción comercial, por lo que se considera que los pagos fueron hechos en efectivo, incurriendo en un presunto lavado de activos.

La señora Montes Acevedo, pese a que es la representante de Consaring, la que aparece en el Certificado de Tradición como dueña de Patio Bonito es Luz Patricia Acevedo Navas, su madre y quien en los documentos de la Cámara de Comercio asume como suplente suya. Ambas son familiares de la esposa de Pablo Emilio. Laura Lili fue una de las grandes beneficiadas con sendos contratos en la ESE Barrancabermeja cuando Murillo era Revisor Fiscal en la misma entidad.

Será pieza fundamental en la investigación María Inés Moreno Narváez, la abogada que inició el proceso de unión marital, la liquidación patrimonial e impugnación de la paternidad. Ella asumió hace dos años un cargo en la Superintendencia de Notariado y Registro. Ella, en declaración a los abogados Jiménez Ospino, confirma parte de lo que hoy se considera como un “plan criminal”.

Ella fue denunciada por fraude procesal y falsedad en documento, ya que con Duque falsifican documentos, desaparecen bienes del inventario, maquillaron los valores de los avalúos de los bienes, engañando tanto al dueño como a su esposa.

Reconoce que la idea era “robarse las tierras”. Dice que no le pagaron un solo peso por el proceso ni le dieron participación del negocio de los predios, pero paradójicamente aparece adquiriendo una casa y un carro, los cuales compró en el mismo tiempo que se desarrollaron los hechos. También reveló que el abogado Efraín Andrés Molina Montero trabaja en la Secretaría de Hacienda de Barrancabermeja.

Un amor con desenlace fatal

De aquella gran fortuna y de lo que sería un arreglo conciliado entre Lorenzo Arturo Gil Chávez y María del Carmen Oviedo Mejía, que los llevaría a rehacer sus vidas tras 23 años de convivencia, no les quedó nada, con relación al sinnúmero de apartamentos, fincas, ganado y dinero en efectivo, que algún día alcanzaron a tener.

Al parecer, producto de los negocios turbios de sus abogados, ambos vivieron su infierno. Él falleció en febrero de 2018 en el Hospital Regional del Magdalena Medio en condiciones infrahumanas, sin seguridad social y en estado de abandono.

Ella, por su parte, junto con Wilson y Luis Alberto Jiménez Ospino, sus abogados, alcanzó a recuperar los predios El Diamante I y Las Delicias, ambos en Campo Capote (Puerto Parra). Un inmueble más, una casa de tres pisos en la Dorada (Caldas) debe compartirla con su antiguo abogado Luis Alfonso Duque, quien aparece dentro de las escrituras como propietario del 35 por ciento de ese bien, como cobro de honorarios en un proceso donde ella perdió.

Los predios Patio Bonito y Santa Helena entrarían en un proceso civil de simulación de compraventa, lo que devolvería a su estado natural estas dos propiedades hoy están en poder de la esposa y de una subalterna del alcalde de Barrancabermeja.

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