Democracia de papel

Por: Carlos Monroy/ A partir de la Constitución Política de 1991 se proclama en Colombia una Democracia Participativa, es decir, aquella democracia en donde las decisiones de poder las toma el pueblo no solo a través de los representantes que ha elegido para tal fin sino también de manera directa; de tal suerte que resulte una mixtura entre Democracia Representativa y Democracia Directa.

La Democracia Participativa hasta la fecha ha sido una promesa incumplida del Estado colombiano para con la sociedad civil, toda vez que el componente de Democracia Directa que podríamos ver esgrimido en buena parte del control social a lo público, la rendición de cuentas y los mecanismos de participación ciudadana, tales como el plebiscito, el cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa legislativa, el referendo y la revocatoria del mandato; ha sido casi nulo debido a la falta de una pedagogía y por ende, cultura de participación ciudadana y de una reglamentación robusta que cree instrumentos y herramientas efectivas que faciliten la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, como parte de los fines esenciales del Estado.

Por otra parte, en relación con el componente de Democracia Representativa en Colombia hay una crisis de representación popular, el pueblo no cree en sus representantes y esto es debido principalmente al parásito de la corrupción que ha generado la pérdida de la confianza que los ciudadanos depositan en quienes van a legislar y a administrar los recursos públicos.

La corrupción ha impedido que Colombia transite de una Democracia Representativa paquidérmica a una verdadera Democracia Participativa y eso se debe a que, siendo parte del selecto grupo de sujetos que definen los destinos de la nación, los corruptos le temen al control social, a la rendición de cuentas y a la incidencia de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. Por eso pese a que en el papel se consagra el derecho de participación ciudadana y se reglamenta su ejercicio (Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015), las demandas sociales del pueblo no son tramitadas satisfactoriamente, ejemplo de ello es que desde la Constitución de 1991 de 167 procesos iniciados de revocatoria del mandato tan solo 50 han llegado a votación y en ningún caso se ha revocado el mandato a un Alcalde o Gobernador, de acuerdo con los datos suministrados por la Misión de Observación Electoral MOE, el caso más reciente en nuestra región el del Alcalde de Barrancabermeja Darío Echeverri, a quien le concedieron casa por cárcel y se le imputan cargos por los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir, por presuntamente interferir en el proceso para evitar la revocatoria  de su mandato en 2017, dificultando la participación ciudadana para no alcanzar el umbral requerido en la votación.

Por su parte, mientras el departamento de Antioquía en virtud del mandato legal señalado en la Ley 1757 de 2015 tiene creados y funcionando más de 70 Consejos Municipales de Participación Ciudadana con representación de los diversos sectores sociales, en Santander los gobiernos territoriales se han hecho los de la “oreja gocha” y no tienen a la fecha ningún Consejo creado, conformado y sesionando, salvo el departamental donde el gobierno ha hecho lo propio y en Bucaramanga donde producto de una queja interpuesta ante la Procuraduría por un Edil del Corregimiento N° 2 contra el señor Alcalde Rodolfo Hernández por presunta omisión de este deber legal, la Administración municipal salió corriendo a iniciar el trámite que aún no concluye satisfactoriamente, lo cual es lamentable para el “gobierno de los ciudadanos” donde el cumplimiento de la Ley en materia de participación ciudadana debería ser prioridad.

Como consecuencia de esta deuda histórica del Estado en la materialización de la Democracia Participativa, en el marco de los Acuerdos de Paz (puntos 2.2.1 y 2.2.2) se establece el compromiso de diseñar un Estatuto de Garantías para la Protesta, la Movilización y el Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales en Colombia, proyecto de ley que a la fecha no ha sido radicado en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional debido a la coyuntura política electoral y que fue construido con insumos obtenidos de la realización de Foros Regionales y un Foro Nacional con líderes de las organizaciones sociales más representativas del país, organizados por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana por mandato de los mismos Acuerdos.

Esperemos que el próximo Presidente de la República sea comprometido en el marco de la Implementación de los Acuerdos de Paz con el debate, sanción y cumplimiento de los proyectos de ley relacionados con la Reforma Política, el Estatuto de la Oposición y el Proyecto referido sobre Participación Ciudadana, entre otros, de manera que nos permita como país dar unos importantes pasos para superar en Colombia la Democracia de Papel y trascender a una efectiva Democracia Participativa, en mi opinión el principal antídoto contra la corrupción.

Twitter: @MonroyCarlosA – Facebook: @monroycarlos1

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