Contraloría: “Las donaciones de Rodolfo Hernández, un mar de irregularidades”

La polémica decisión del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de solicitarles ‘donaciones voluntarias’ a los contratistas como requisito para que se les cancelara prioritariamente las cuentas pendientes de pago, generó hallazgos de tipo administrativo, disciplinario y penal, según los resultados de una auditoría exprés realizada por la Contraloría Municipal. (Ver informe)

Corrillos! tuvo acceso de manera exclusiva al informe final del ente de control fiscal, en donde se revela que alrededor de las mencionadas donaciones hubo serias irregularidades, que además de afectar el registro contable municipal, hubo fallas graves en el registro de los montos, falta de planeación y coordinación entre los miembros del equipo financiero y se afectó a los propios contratistas que decidieron aceptar la solicitud del Mandatario Local.

En total, la Contraloría pudo determinar seis hallazgos de tipo administrativo, cinco disciplinarios y cuatro de tipo penal y por los cuales deberán responder, desde el alcalde Hernández Suárez, hasta su equipo financiero, integrado por la Secretaria de Hacienda, Olga Chacón; la Contadora del Municipio, Alid María Lindarte; la Tesorera Municipal, Lina María Manrique; y los extesoreros Holguer Tarazona y Jackeline Martínez Rodríguez.

Registro extemporáneo e irregular

En total fueron seis las observaciones que llevaron al equipo auditor a definir la existencia de fallas graves en materia fiscal. La primera tiene que ver con “la omisión de informar sobre la donación efectuada a favor del Municipio de Bucaramanga por Rafael Bejarano Gualdrón”.

Se pudo verificar que “la Contadora del Municipio efectúa el registro contable de la donación el 8 de agosto de 2017, cuatro días después de la Resolución 1218, en donde se revoca esa misma donación (…) es decir que hizo todo lo contrario a lo que se ordenaba la mencionada Resolución”, lo cual afectó los saldos de las cuentas por pagar de Contabilidad y de Tesorería debido a que no existía un acto administrativo que diera legalidad a la operación.

Además -expone el informe- “a pesar que la revocatoria autorizada por la Resolución 1218 fue el 4 de agosto de 2017, la Contadora hizo efectiva la reversión hasta el día 15 de diciembre de 2017, es decir, que durante cuatro meses y 15 días, la doctora Alid María Lindarte Rincón le quitó de manera arbitraria e ilegal el valor adeudado por parte del Municipio a Rafael Bejarano, por un valor de 81.037.721 pesos”.

No hubo contrato de donación

Otro de los graves hallazgos revelados por la Contraloría tiene que ver con el hecho que la alcaldía de Bucaramanga dio trámite al registro contable de las donaciones afectando los saldos de tesorería referente a las cuentas por pagar a cada contratista, “sin el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales descritos en el Decreto 0031 del 14 de marzo de 2017, como es el de firmar por las partes el contrato de donación y elevarlo a escritura pública por cumplir con el tope”.

En este sentido, en ente de control responsabiliza al alcalde Rodolfo Hernández, a la Secretaria de Hacienda Olga Chacón y a la Contadora del Municipio, Alid María Lindarte, quienes deberán responder administrativa, disciplinaria y penalmente.

Se hicieron donaciones verbales

En la auditoría realizada a las donaciones promovidas por el alcalde Hernández, se encontraron situaciones sorprendentes, casi increíbles dentro del sector público. “El municipio de Bucaramanga registró la donación del Consorcio Bucaramanga por valor de 700.000.000 de pesos con sólo la intención de donación de forma verbal, en clara contravención al principio de solemnidad del contrato estatal”.

Esto, además de ser ilegal, también generó otra grave contravención: “La afectación de los saldos de las cuenta por pagar (Tesorería – Contabilidad) al Consorcio Bucaramanga, se realizó el día 8 de agosto de 2017 mediante ajuste contable (…) y se reversó mediante comunicado de fecha 17 de enero de 2018 (…), es decir que el Municipio de Bucaramanga le quitó el dinero a Consorcio Bucaramanga durante cinco meses y 9 días”, dice el informe.

Falta de planeación y coordinación

La Contraloría también determinó serias fallas en el registro contable, toda vez, eso afectó directamente el Presupuesto de la vigencia 2017. La propia Jefe de la Oficina de Presupuesto, Yazmín Mantilla León, adscrita a la Secretaría de Hacienda, aceptó que “el registro contable mediante ajustes, hechos por Alid María Lindarte, Contadora del Municipio y que afectaron los saldos por pagar en Tesorería, no debieron ser efectuados, por no dar cumplimiento al Decreto 0031 de 2017, motivo por el cual era improcedente hacer la afectación directa del presupuesto vigencia 2017”.

El equipo auditor consignó en su informe que “aquí se demuestra la falta de planeación y coordinación entre las dependencias que conforman la Secretaría de Hacienda, como lo son la Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, dependencias que piensan y actúan diferente respecto al tema de las donaciones”, en ese sentido, la Contraloría considera que la posición tomada por la Jefe de Presupuesto es la correcta al no haber incluido estos ingresos dentro del presupuesto vigencia 2017. Esa situación llevó a que se generara un hallazgo de carácter administrativo.

Incumplimiento a los donantes

Pese a que el objetivo de las ‘donaciones voluntarias’ promovidas por Rodolfo Hernández era el de priorizar los pagos a las empresas que decidieran hacer el aporte, en la práctica eso no se cumplió, según pudo establecer la Contraloría de Bucaramanga.

“Las cuentas por pagar a Valco Construcciones, Consorcio Conexiones 2014 y Consorcio Metropolitano, están causadas con el 100% del cumplimiento de los requisitos exigidos, desde el 31 de diciembre de 2015 y a la fecha del presente informe, 19 de febrero de 2018, aún no se les ha pagado el saldo, el doctor Holguer Tarazona (extesorero), la doctora Jackeline Martínez Rodríguez (extesorera) y la doctora Lina María Manrique Duarte (tesorera general), llevan 25 meses incumpliendo el artículo 204 numeral 10 de la ley 80 de 1993, además que se incumple el acuerdo de pago firmado por las partes”.

Por faltas administrativas y disciplinarias, deberán responder la Secretaria de Hacienda, Olga Chacón; la Tesorera del municipio, Lina María Manrique y los extesoreros Holguer Tarazona y Jackeline Martínez.

Donaciones arbitrarias, abusivas y coercitivas

Para el ente de control fiscal, “el actuar de la Administración con el trámite administrativo y contable respecto a la afectación de los saldos por pagar en la Tesorería de dichas donaciones, así como el desembolso de los saldos restantes, una vez recibida la carta de intención de donación, se tornan sospechosas, pues los desembolsos que realizó la Administración fueron realizados previa verificación de la Alcaldía de la intención de donación, llegando incluso a registrar las mismas sin haberse formalizado el contrato de donación”.

Revela por ejemplo, el caso sucedido con Valco Construcciones, Consorcio Conexiones 2014  y Consorcio Metropolitano, en donde las cartas de intención de donación tienen fecha del 03/03/2016 y ese mismo día el 03/03/2016 la Tesorería del Municipio efectúa el pago correspondiente al 92% del valor causado como cuenta por pagar a 31/12/2015, quedando el saldo por pagar del 8% del valor causado a 31/12/2015, este mismo valor fue el que Olga Patricia Chacón Arias, Secretaria de Hacienda y Alid María Lindarte, Contadora del Municipio de manera arbitraria, abusiva y coercitiva, tomaron como donación el día 08/08/2017”.

Y concluye: “La anterior situación se presentó con todas las donaciones que registró el Municipio durante la vigencia 2017”.

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