Revocatoria de inscripciones de aspirantes al Congreso de la República

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Columna de Carlos Alfaro Fonseca, Abogado/ Con ocasión del certamen electoral para elegir el nuevo Congreso y ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), como autoridad electoral en Colombia, se presentaron 21 solicitudes de revocatoria de su inscripción en todo el país para aspirantes a Cámara de Representantes y el Senado.

El CNE es competente en virtud de las facultades conferidas por los numerales 1º, 4º, 6º y 12 del Artículo 265 de la Constitución Política y la reglamentaria que le asiste a esa corporación para el establecimiento de procedimientos y actuaciones tendientes al ejercicio de sus funciones. Por Santander se presentaron tres: Dos para Senado: Horacio José Serpa Moncada, por el Partido Liberal y Carlos Alberto Gómez Gómez, por el Centro Democrático y por Cámara de Representantes Roberto Schmalbach, por el Polo Democrático.

El fundamento contemplado para determinar la inhabilidad a un aspirante al Congreso lo cobija el Artículo 179 de nuestra carta política y el mismo está reglamentado en la Resolución 0921 del 2011, emanada de la autoridad electoral. En el caso del aspirante al Senado, Serpa Moncada y del aspirante a la Cámara de Representantes, Roberto Schmalbach, la presunta inhabilidad se fundamenta, en que los periodos para cargos de elección popular en Colombia son institucionales.

Pero a raíz de la sentencia mediante la cual las sección quinta del Consejo de Estado, como órgano de cierre de lo contencioso y ante una sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, y mediante la cual se decretó la nulidad electoral de la gobernadora de la Guajira Oneida Pinto Pérez, bajo el Radicado 2015-0051 y con Ponencia del Consejero Alberto Yepes Barreiro, en la cual en la ‘ratio decidendi’ (razón para decidir) determinó la institucionalidad de los periodos. Es decir que los corporados así renuncien se consideran que fueron elegidos por cuatro años.

Sin embargo a raíz de la sentencia proferida por la sala plena de lo contencioso administrativo en la acción de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Risaralda por el Partido Conservador, Ricardo Antonio Martínez Hernández, con radicado 2014-03886 en la acción de perdida de investidura y con ponencia del consejero Alberto Yepes Barreiro, en las consideraciones el máximo organismo de lo contencioso determinó que tanto los concejales y los diputados, si querían aspirar al Senado de la República debían renunciar por lo menos un año antes de las elecciones; y ninguno de los dos renunció dentro del año inhabilitante.

Estas dos sentencias son de unificación, es decir de obligatorio precedente judicial e irónicamente como consejero ponente figura el mismo magistrado. Pero prevalece la segunda ya que la misma fue emanada por la sala plena de lo contencioso administrativo, mientras que la segunda fue emanada por una de sus secciones.

Mi tesis es la que he venido sosteniendo desde hace más de 20 años en el sentido que el elector primario como eje principal de la democracia, no se le debe burlar ya que cuando él decide votar por un candidato a un cargo de elección popular es por los cuatro años que comprende el periodo y no por un término menor.

En el caso del aspirante al Senado, Gómez Gómez su presunta inhabilidad es diferente dado que como integrante principal de la junta directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y de la Empresa de Aseo de Bucaramanga está percibiendo aún recursos del patrimonio público, ya que le pagan honorarios cada vez que se reúnen como integrante principal de la junta directiva de las citadas empresas de servicios domiciliarios y en Colombia cualquier ciudadano que aspire a un cargo de elección popular debe haber renunciado un día antes de la inscripción.

La única excepción a esta regla general se da para los concejales, diputados y congresistas, quienes a pesar de estar en el ejercicio de sus funciones y estar percibiendo honorarios, pueden aspirar al mismo cargo de elección popular. Los integrantes principales de las juntas directivas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, aprueban el presupuesto y tienen poder de decisión al direccionar el gasto de las mismas.

A pesar de no ser funcionarios públicos, son servidores públicos al momento de reunirse para integrar dichas juntas directivas y toman decisiones en su jurisdicción, tal como lo define el artículo superior citado, eso los Inhabilita. Y en aras de proteger la moralidad administrativa de que trata el Artículo 4° de la Ley 472 de 1998 y en particular, la moralidad definida en el Artículo 1º de la ley 1475 de 2011, a cuyo tenor “Los miembros de los partidos y movimientos políticos desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en los correspondientes códigos de ética”.

De acuerdo a los estipulado en el artículo 31 de la Ley 1475 del año 2011, el CNE tiene como plazo para definir estas solicitudes de revocatoria de inscripción hasta un mes antes de las elecciones, es decir hasta el 10 de febrero del 2018, teniendo en cuenta que las elecciones están fijadas para el 11 de marzo del 2018.

Es de anotar que de prosperar estas solicitudes se presenta un vacío ya que la normatividad no precisa bajo el supuesto de que si prosperan dichas solicitudes sí se podría reemplazar el revocado con otro nombre del mismo partido o movimiento político. Una vez se presente la inscripción de la candidatura, corresponde al CNE revocar la inscripción y de no hacerlo la nulidad de su elección, corresponde al juez contencioso.

Pero el CNE es un órgano político, sus magistrados no son de carrera, ni de profesión, sino que representan los intereses de los partidos políticos, de forma tal que  el mismo origen del CNE, al ser elegido por el Congreso y no por carrera ni por las altas cortes, lo convierte en un órgano de naturaleza política; tienen representación proporcional de los partidos, que son elegidos por cifra repartidora en el Congreso y que no tienen mayor experiencia en lo contencioso administrativo.

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