¿Quisieron ‘beneficiar’ a SYC con un posible cobro ilegal en el impuesto vehicular?

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Si usted pagó el impuesto vehicular esto le interesa. Según demanda admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, la Gobernación pudo haber “invadido las competencias del legislador creó obligaciones no previstas pero sí prohibidas por la ley”. Es decir le puso un impuesto de 10 por ciento al impuesto vehicular para favorecer a un particular.

En consecuencia, se solicitó al Tribunal la suspensión provisional por la manifiesta violación de las disposiciones constitucionales y legales producidas con la expedición de la Ordenanza 012 de 2005, artículo 60 y por el Decreto 005 de 2006, por parte de la Asamblea Departamental y el Gobernador de la época, normas bajo las cuales se generan cobros en detrimento de los usuarios administrativos de la entidad y del deber de cumplir con las obligaciones tributarias, máxime si se tiene en cuenta que frente al pago de impuestos como el de vehículos, registro y tributo de estampillas, a los contribuyentes o contratistas se les exige pago adicional del 10% del valor a pagar, pago que sin sustento legal alguno ni siquiera entra a las arcas del departamento, no figura dentro de los rubros de ingresos tributarios del departamento y sí va en menoscabo del patrimonio de aquellos a quienes se les exige.

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Los autores de la demanda son, el diputado Édgar Suárez Gutiérrez y el experto en temas tributarios, Nicanor Moya Carrillo. Éste último fue el mismo que hace unos meses logró que la justicia administrativa le diera muerte a la Estampilla de la Caja Previsión Social de Bucaramanga, que operó ilegalmente por 35 años.

El texto der la querella expone que “los cobros establecidos aun en contra de la ley soslayaron la responsabilidad de asumir con sus propios recursos el deber administrativo en algunos criterios, en otros, como el generado en la determinación de establecer en un 10% el costo de cumplir con un deber legal, arrasaron de alcabalería con el patrimonio de los contribuyentes y contratistas, dejando inerme al responsable fiscal frente a una doble imposición tributaria”.

Con este cobro la Gobernación de Santander olvidó el Artículo 121 Constitucional, que establece que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. El Gobernador al autorizar un cobro se extralimitó de sus funciones por ese impuesto al impuesto, es decir una doble tributación, que es ilegal.

 

Proceso histórico

En la solicitud al Tribunal, se explica como “la autonomía reconocida por la Constitución a las entidades territoriales se haya enmarcada dentro de los límites que ésta y la ley fijan en materia de competencias. No obstante, la Asamblea Departamental en desconocimiento de sus obligaciones propicia el espacio para que el ejecutivo departamental imponga una serie de cargas en los administrados que desbordaron no solo la competencia de la Corporación, sino del mismo ejecutivo, pues la creación de estos derechos, asimilando la expresión a tasas, no comportó las previsiones superiores, desconoció el deber de fijar el sistema, el método y la forma de repartición de las cargas, trasladando deberes administrativos a cargo de los administrados y dando a su vez la permisividad para generar impuestos sobre impuestos como lo hizo el Decreto 005 de 2006, asunto aún más extraño dado que los impuestos no se crearon para el Departamento sino para un tercero, razón demás para solicitar la medida de suspensión provisional”.

La Asamblea Departamental autorizó al ejecutivo para el cobro del impuesto vehicular, pero no le estableció la forma en que debía hacerlo. La Gobernación contrató con Sistemas y Computadores para que hiciera ese cobro y le girara lo recaudado por el impuesto. Sin embargo, ese servicio de recaudo fue cobrado y la Gobernación no tuvo en reparo en pagarle.

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Para eso, al impuesto vehicular se le sumó el pago al particular. Lo que generó una doble tributación. No obstante si la Gobernación planeaba contratar con un particular y requería cobrar por el servicio de cobro de impuestos, ese costo debió asumirlo de su presupuesto.

La firma Sistemas y Computadores, encargada del recaudo a través de la Casa del Libro Total, de propiedad de la familia Navas Corona, fue la que resultó beneficiada.

Para los autores de la demanda admitida por el Tribunal, la Gobernación “invadió las competencias del legislador y derivó en la creación de obligaciones no previstas pero sí prohibidas por la ley”.

En términos legales, “con las disposiciones demandadas se asumió una competencia propia y exclusiva del legislador, cual es la de establecer tributos, tasas y contribuciones, hecho que impone concluir que los derechos de papelería, formularios, sistematización, automatización de procesos y procedimientos administrativos, por ausencia de ley que los autorice, surgió con irregularidad sustancial que tipifica el acto con vicios de nulidad”.

Esa posible nulidad señala la suspensión provisional del cobro. Pero preguntas quedan: “¿La Gobernación tendrá que devolver esos dineros recaudados a los usuarios y aun así pagarle al particular? ¿A quién le ajustarán ese detrimento?

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