Detalles de la audiencia en EEUU en la que se ordena la extradición de Andrés Felipe Arias

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Un juez federal de los Estados Unidos ordenó la extradición a Colombia del exministro de Agricultura, del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Aunque el exfuncionario puede apelar la decisión, debe volver a prisión. Con la decisión del juez, el exministro Arias perdió una batalla clave en su propósito de evitar ser enviado a Colombia para que pague la condena de 17 años que pesa en su contra.

Por considerar que existía un “serio riesgo de fuga” y tras recordar que “ya se había fugado de Colombia”, el juez de la Corte de Miami John O’Sullivan ordenó enviarlo a prisión y declaró “viable” su extradición hacia Colombia, decisión que el gobierno colombiano esperaba desde hace unos meses.

La sentencia tiene dos bases: una, que existe “causa probable” sobre cada uno de los cargos por los que Arias fue condenado en el país (prevaricato en favor de terceros y contratación sin el lleno de los requisitos legales); y la otra, una certificación entregada por el Gobierno de Colombia sobre la plena vigencia de un acuerdo de extradición entre los dos países.

Esa posición fue respaldada por el fiscal Robert J. Emery, quien reiteró durante la audiencia que los delitos por los que fue condenado el exministro existen también en Estados Unidos. También enfatizó que “es claro” que hay un tratado de extradición de facto entre ambos países.

La decisión judicial fue recibida por un Andrés Felipe Arias desencajado y que salió de la Corte esposado y acompañado de varios oficiales de prisiones.  La misma expresión se veía en los miembros de su familia que lo acompañaron y en el senador Álvaro Uribe Vélez, mentor político del exministro y quien viajó expresamente a Estados Unidos para acompañarlo en la etapa final de su proceso.

La determinación del juez O’Sullivan no implica, sin embargo, la entrega inmediata a las autoridades colombianas. Aunque estará preso –en principio iría a la cárcel federal del condado de Miami Dade, donde ya había estado tres meses–, el abogado Víctor Mosquera, que hace parte del equipo de la defensa, sostuvo que “se agotarán todos los recursos legales”, y que no descartan insistir ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, de ser necesario.

Ayer mismo se interpuso una apelación contra la decisión. Sobre el papel, este tipo de recursos deben resolverse en máximo 30 días, pero pueden tardar meses.

Arias Leiva también presentará una petición para que se le fije una nueva fianza, con lo que podría recuperar su libertad mientras se surte la revisión final. En noviembre pasado, Arias logró que le aceptaran una fianza de 100.000 dólares y recuperó la libertad.

 

Detalles de la audiencia

En la audiencia de ayer, Andrés Felipe Arias sostuvo que había sido víctima de un juicio “injusto” y politizado. Su abogado, David Markus, había hablado previamente sobre la “corrupción y politización” de la Corte Suprema de Justicia que lo juzgó y condenó.

La defensa sostuvo también que el Gobierno de Colombia supuestamente engañó a las autoridades de Estados Unidos al afirmar que el tratado de extradición entre los dos países estaba vigente.
A finales de los 80, el tratado firmado con Estados Unidos un siglo antes se cayó en la Corte Suprema de Justicia de Colombia y desde entonces no se firmó uno nuevo.

En la práctica, la extradición se ha mantenido plenamente activa a lo largo de las tres últimas décadas. De hecho, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, del que Arias formó parte, extraditó en sus ocho años (2002-2010) a más de 1.100 colombianos hacia los EE. UU., incluidos grandes capos y jefes guerrilleros y paramilitares.

Además, la defensa sostiene que su proceso fue producto, supuestamente, de una persecución política y que no tuvo el derecho a una segunda instancia.

En principio, el juez no encontró evidencias de ninguna persecución política. En febrero, el juez O’Sullivan negó la petición hecha por la defensa para suspender el juicio hasta que otro magistrado decidiera la legalidad de lo actuado. Y hace una semana negó un solicitud de aplazamiento para que fueran escuchados nuevos testigos de la defensa.

En ese momento, según reveló la agencia Efe, el juez consideró que las creencias personales de esos pretendidos testigos sobre “la inocencia o culpabilidad” de Arias “no influyen en la determinación del tribunal sobre si existen pruebas suficientes para apoyar una determinación de causa probable de cada cargo por el que se solicita su extradición”.

El fallo a favor de la extradición del juez O’Sullivan es el segundo en menos de un mes en Miami contra un alto exfuncionario latinoamericano.

El 31 de agosto pasado, el juez federal Edwin Torres aprobó el envío a Panamá del expresidente de ese país Ricardo Martinelli, quien estaba procesado por los delitos de peculado y escuchas ilegales y quien había huido hacia EE. UU.

Coincidencialmente, el expresidente Álvaro Uribe, cercano a Martinelli, había intentado interceder ante la justicia federal para que Martinelli no fuera entregado a la justicia panameña.

 

Se recrudece el ataque uribista

La decisión de extraditar al exministro Andrés Felipe Arias tensará aún más las relaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El uribismo ha acusado al mandatario, de manera reiterada, de haber atizado la extradición del exministro.

“No despedace más a mi familia”, le dijo Arias a Santos, en un video difundido en diciembre del año pasado, en el que aparece sosteniendo en sus manos un cartel en el que se lee: “Sin justicia no hay paz”.

En ese mismo mensaje Arias le pidió al Presidente que luego de recibir el Nobel de Paz y de visitar al papa Francisco, tuviera consideración de su situación.

Por eso, con la decisión de ayer es un hecho que la distancia entre el uribismo y la Casa de Nariño será mucho más grande.

“El Gobierno ha engañado a la opinión internacional y a los Estados Unidos, porque ha dicho que hay tratado de extradición cuando no lo hay”, dijo ayer el propio Uribe, visiblemente molesto, tras conocer la decisión del juez que autorizó la extradición.

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