La investigación de la Procuraduría al alcalde de Barrancabermeja

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[:es]Columna de opinión de Leonardo Granados, Abogado/ El alcalde de Barrancabermeja, se ha caracterizado por ejercer el poder sin medir límites en ocasiones y muchas veces violando derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, es lo que en derecho se denomina extralimitarse en sus funciones, dicha conducta se vio reflejada en el marco de la contienda electoral del proceso de la revocatoria de su mandato el pasado 2 de julio.

El burgomaestre al ver que dicho proceso cogió fuerza política, en medio del desespero, expidió el Decreto 249, que restringió el parrillero en moto en todo el territorio municipal, con una falsa motivación, aduciendo que supuestamente la ciudad se encontraba con riesgos por inseguridad, es decir, los parrilleros eran un peligro para la sociedad el día de la revocatoria, aspecto que no es verdad, pues el mismo comandante de Policía del Magdalena Medio manifestó en la reunión de seguimiento electoral, que no existían problemas de seguridad ni riesgos por sabotaje, pero para el alcalde era imperioso y necesario imponer la restricción, pero lo que ocultaba era una maniobra política de imponer un barrera al proceso electoral, pues con dicha medida se limitaba para que 68 mil motociclistas no pudieran transportar a sus familias y amigos.

Con ocasión de la expedición de dicho Decreto, se violó el derecho a la libertad de locomoción que tiene cualquier ciudadano en Colombia, dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política y para restringir el goce de dicho derecho la Corte Constitucional ha exigido una serie de requisitos, porque se debe sacrificar dicho derecho y ceder este ante otros de mayor relevancia, por circunstancias fácticas que deben estar probadas y sustentadas en un test de razonabilidad y de proporcionalidad, el cual debe formar parte de las consideraciones del acto administrativo.

Respecto a las medidas restrictivas antes mencionadas, la Administración Municipal omitió el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio, como el de circular libremente los motociclistas con acompañante. Con dicha conducta el alcalde viola en precedente constitucional como lo señala la Sentencia T-135 de 2010 la cual refiere:

“…La jurisprudencia constitucional ha señalado que por virtud del principio de confianza legítima las autoridades públicas, están imposibilitadas para modificar de manera inconsulta las reglas que gobiernan sus relaciones con los particulares… no puede perderse de vista que su utilización no implica el desconocimiento de derechos adquiridos, y solamente se aplica a situaciones jurídicas susceptibles de alterarse, de tal forma que la modificación de las mismas no puede acontecer de manera abrupta o intempestiva, exigiéndose por esa razón de las autoridades, la adopción de las medias necesarias para que el cambio de circunstancias transcurra de la forma menos traumática posible para el afectado”.

Los fundamentos del alcalde frente a la restricción de prohibir el parrillero hombre mayor de 14 años las 24 horas del día durante el proceso electoral, se basa supuestamente en que la ciudad tiene un caos de inseguridad y alteración de orden público, cosa que no es cierta y se transforma en una falacia, para justificar indebidamente la medida.

Las actual medida reglamentaria de la Administración Municipal afectó el certamen electoral y al 100% de los motociclistas de nuestra ciudad, ya que las restricciones reglamentadas en el Decreto viola el derecho a la igualdad por la desproporcionalidad toda vez que somos más de 68 mil motociclistas que pagamos impuestos y no somos delincuentes y se evidencia que no existen fundamentos de alteración de orden público que hiciera imperiosa dicha medida, violando con ello el principio constitucional de la prevalencia del interés general sobre el particular, es decir un capricho gubernamental para proteger su cargo.

Así lo ha dicho la Corte Constitucional: “Tratándose del ejercicio de la función de policía sólo se recurra a medidas que impliquen el sacrificio de libertades y garantías individuales cuando no existen otros medios, es decir, cuando se agote otro tipo de medidas menos lesivas para el ciudadano, y no a la simple prohibición del uso de un medio de transporte en determinadas condiciones, como sucedió en el caso bajo estudio, donde una situación aparentemente desestabilizadora del orden público generó una reacción estatal a todas luces desproporcionada desde el punto de vista de la razonabilidad  y la necesidad de la misma”.

En este contexto, falló la Administración Municipal, al desconocer estos precedentes y se incurre en falta disciplinaria, así las cosas agrava el hecho que omitieron el juicio de proporcionalidad como lo sustento a continuación:

El juicio de proporcionalidad: La jurisprudencia constitucional ha señalado que los derechos fundamentales, en tanto que fijan estándares de actuación susceptibles de desarrollo legal (Sentencia C-475 de 1997), están sujetos a ciertas condiciones de ejercicio y disfrute. Por otra parte, si bien es cierto que tales derechos no son absolutos y que, como tal, son susceptibles de limitaciones, no es menos cierto que el legislador no puede desconocer su núcleo esencial, que, como lo ha señalado esta Corporación, “es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio”.

De acuerdo con la jurisprudencia, el juicio de proporcionalidad supone establecer, en primer lugar, si la finalidad de una medida que implica un trato desigual o que impone restricciones a los derechos constitucionales es legítima; en segundo lugar si los medios empleados son adecuados para lograr el fin perseguido; en tercer lugar, si son necesarios, en el sentido de que no exista otro medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, finalmente, si son proporcionados stricto sensu, esto es, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer.

La expedición del Decreto 249 desconoce por completo el principio de proporcionalidad, por tal motivo la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, dio apertura a indagación preliminar en contra del alcalde por los acto arbitrarios, caprichosos y lesivos de los derechos fundamentales de los ciudadanos que se vieron afectados para desarrollar su libre derecho de circulación, así las cosas se le debe exigir al Ministerio Público una ejemplar sanción para evitar que en el futuro se generen es tipo de abusos en procesos electorales de dicha magnitud.[:]

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