La lamentable situación de la cárcel Modelo y la urgente necesidad de tomar decisiones

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[:es]Un tema al que no se le puede dar espera o por lo menos no se puede olvidar es el de la cárcel Modelo de Bucaramanga hoy con un 300 por ciento de sobrecupo, y ese es apenas el pico del problema.

La penitenciaría nacional Modelo de la capital santandereana es como una represa con una grieta que cada día se abre más, así que cuando estalle esa represa la avalancha va a coger a quien sea, será un tsunami que no respetará ni calle, ni carrera.

Habrá hoy quien se lava las manos porque ni tiene familiar interno, ni pariente en el Inpec, y porque vive en conjunto cerrado o en lo alto de un enorme edificio y paga vigilancia privada, pero el día que esas paredes blancas llenas de barrotes se desparramen por la Ciudad Bonita no habrá ni 1-2-3 ni SOS que lo salve.

Es tan delicada la situación que hasta el mismo Director de la penitenciaría nacional Modelo de Bucaramanga, Teniente Henry Mayorga, se queja, cuando se supone que él es quien debería escuchar las quejas y solucionar los problemas. Pero, y esto pone los pelos de punta, dice que en este caso el Inpec es el menos responsable y señala culpables.

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En sesión pública dijo el Teniente Mayorga que “la preocupación es el alto grado de hacinamiento, estamos superando casi el 300 por ciento en algunos pabellones de la cárcel Modelo de Bucaramanga. Nos preocupan las enfermedades que presenta la población privada de la libertad y que no se tiene un lugar adecuado en dónde recluir a estas personas. A eso se le adiciona el número de visitantes que ingresa el día sábado, el día domingo, y de igual forma el ingreso de niños y adultos mayores familiares de los internos”.

“Existe una ordenanza, la 064 del 2004, está vigente, hay unas facultades para las diferentes secretarias y esperamos que cada secretaria se vincule a desarrollar programas de bienestar, programas de interés tanto para la población privada de la libertad como para los mismos familiares de los internos”.

 

Recursos sin ejecutar y cárceles en el piso

En una sesión descentralizada realizada por la Asamblea de Santander en la cárcel Modelo de Bucaramanga, los diputados del departamento pudieron comprobar las difíciles condiciones de hacinamiento y sanidad en la que viven las personas privadas de su libertad. Se calcula que el 60 por ciento de esta población es sindicada y solo el 40 por ciento ha sido condenada.

Luego de esa pausa explicativa continuó Mayorga. Aseguró que “hay un desconocimiento de la Norma, la Ley 1709 del 2014, que precisamente está cumpliendo tres años, estableció unas responsabilidades a los entes territoriales, a los jueces de ejecución de penas, al Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de la Salud y la Protección, en fin, y a otras entidades, pero a hoy no se ha hecho efectiva parte de la solución”.

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“Considero que el Legislativo cuando expide esta norma es buscando acabar en parte con la crisis que se vive al interior de los establecimientos penitenciarios. Pero la crisis en las cárceles no es una responsabilidad del Inpec, es el menos responsable. Quedó claro que en el año 2011 se creó una Unidad de Servicios Penitenciarios que es una institución del Estado con Consejo Directivo, con autonomía administrativa y financiera, y es el encargado de contratar los servicios de salud, los servicios de alimentación, del mejoramiento de la infraestructura física de los establecimientos carcelarios, de igual forma de la contratación de los dispositivos electrónicos para la detención preventiva, y el impacto que ha tenido esta nueva institución ha sido negativo. Ha dejado de ejecutar considerables recursos, en cada vigencia ellos se dan el honor de no ejecutarlos y las cárceles prácticamente se están cayendo, literalmente podemos decir que hay un abandono por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios en estos establecimientos de primera generación”, aseguró el Director de la Modelo en Bucaramanga, Teniente Mayorga.

En menos de cinco párrafos hizo la radiografía el Teniente Mayorga, y la Procuraduría luego confirmó esa situación.

 

Informe revelador de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación reveló un informe detallado el estado de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario de Santander. En los ocho establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento la crisis reside entre rejas.

La actuación preventiva la Procuraduría Regional de Santander determinó lo siguiente:

-Hacinamiento: Santander tiene capacidad para albergar 3.634 internos. Pese a lo anterior, en la actualidad hay 6.526 personas privadas de la libertad, lo cual genera un sobrecupo de 2.892, equivalente al 79.51%.

La Cárcel Modelo de Bucaramanga es el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario que presenta mayor hacinamiento, 209.51%. Mientras que el establecimiento con menor cantidad de reclusos es la Penitenciaría de San Gil, donde se presenta un 0.76% de hacinamiento. Igualmente, debe precisarse que existen 2.685 personas con detención domiciliaria.

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-Educación: De las 6.526 personas privadas de la libertad en Santander, 2.035 se encuentran inscritas en programas educativos, es decir, solamente 31.18% de la población reclusa recibe algún tipo de formación.

-Alimentación: Todos los establecimientos visitados cumple con buenas condiciones en la manipulación, preparación y suministro de la alimentación a los internos.

-Trámites judiciales o administrativos: Existe un elevado número de investigaciones disciplinarias contra internos. La situación actual muestra posibles problemas de convivencia dentro de la comunidad, al parecer, las relaciones entre el personal de guardia y la población reclusa son conflictivas. Derechos de petición y salud son los dos temas más recurrentes en acciones de tutelas.

-Salud: La falta de profesionales especializados, de una adecuada red externa de atención, de personal de apoyo y vehículos para el traslado de los internos, ha propiciado que a la fecha exista un total de 1.220 órdenes médicas y exámenes especializados represados.

– Infraestructura: En los centros penitenciarios que tienen sobrepoblación carcelaria es común encontrar las mismas deficiencias, las cuales, básicamente hacen referencia a la falta de espacio físico para la tenencia de las personas y, carencia de baterías sanitarias y duchas, espacios para recreación, talleres y adecuación de enfermerías, entre otros.

-Guardia: El número total de guardias resulta insuficiente frente al número de población reclusa, muchos de ellos ejercen funciones administrativas o se encuentran con restricciones laborales, lo cual agudiza el problema.

El informe de la Procuraduría destaca que del número total de reclusos, solamente 687 personas se encuentran debidamente inscritas en programas de trabajo, cifra que equivale al 10.52%.

 

Orden de sellar la cárcel

Los concejales de Bucaramanga también decidieron sesionar al interior del penal, a fin de conocer de manera directa los problemas que aquejan, no solo a los reclusos, sino también los guardianes, quienes deben cumplir con sus funciones en precarias condiciones.

Desde 2014 la Secretaría de Salud de Bucaramanga ordenó sellar la Cárcel Modelo de Bucaramanga, por las condiciones de hacinamiento y la escasez de duchas y sanitarios.

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Aunque funcionarios del Inpec y del centro penitenciario fueron advertidos en el año 2013 de la necesidad de adecuar las instalaciones, que tienen capacidad para recluir a 1350 hombres y hoy albergan a más de tres mil, la petición no fue atendida. Cada pabellón de la cárcel cuenta con 16 baterías sanitarias cuando debería contar con 57.

La crítica situación llevó al Ministerio Público a presentar una acción de tutela contra el Inpec y el Ministerio de Justicia, solicitando al municipio crear nuevos cupos y espacios carcelarios. Esto se debe a que actualmente, la Modelo tiene más de tres mil internos en aproximadamente 5.5 hectáreas y su diseño legal es para mil cupos, es decir, tiene el triple de ocupación determinada.

 

Personería presente y pendiente

El Personero de Bucaramanga, Ómar Alfonso Ochoa Maldonado, afirmó durante nuestro diálogo que el problema de hacinamiento que se vive en las cárceles en Santander no es ajeno al panorama que se vive en el país, sobre las condiciones infrahumanas de las personas que están retenidas y que cabe resaltar son responsabilidad del Estado porque son sujetos de especial protección constitucional. Esto significa que cualquier afectación a su integridad el Estado sería el directo responsable por ser quien los custodia.

En relación específica con la cárcel Modelo de Bucaramanga, dijo el Personero que tenemos una situación crítica hace tiempo, este es un establecimiento que tiene una capacidad normal para 1.200 internos y hoy alberga a más de tres mil. Ese hacinamiento evidencia una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los internos.

En lo que tiene que ver con las responsabilidades institucionales hay que diferenciar que la Nación a través del Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios Uspec, tienen unas obligaciones en relación con la población condenada, es decir sobre quienes los jueces ya profirieron una sentencia ejecutoriada. En cambio con la relación sindicada, quienes apenas están en proceso de investigación penal, la responsabilidad recae en las entidades territoriales, es decir el departamento y los municipios.

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En Bucaramanga la Personería ha advertido que “no se cumple con las obligaciones que establece el Código Penitenciario y Carcelario en relación con que la población sindicada es responsabilidad de las entidades territoriales, ni con sentencias de la Corte Constitucional que han establecido obligaciones específicas en cabeza del municipio de Bucaramanga con relación a la población sindicada”.

“Que no se haya atendido esa población sindicada, aparte de configurar una evidente violación de las normas que están contenidas en el Código Penitenciario, y aparte desconocer los mandatos de la Corte Constitucional, ha implicado que la situación de hacinamiento sea cada vez más crítica. Porque a título de ejemplo antes existía un grupo interdisciplinario conformado por abogados, trabajadores sociales, sicólogos, que era pagado por la Alcaldía y que tenía la función principal de ayudar al proceso de resocialización de los reclusos. Lo cual permitía que los Jueces de la República les reconocieran libertades, subrogados penales, y de una u otra forma eso permitía disminuir los índices de hacinamiento”.

 

Sin apoyo y con cinco mil solicitudes

“Hoy en día tenemos – dijo el Personero – cinco mil solicitudes de libertad (un recluso puede tener dos o tres) represadas en la rama judicial, entre otras razones porque no hay quien firme los conceptos técnicos de un abogado, un trabajador social, un sicólogo, que le certifique al juez que el interno ha avanzado en el proceso de resocialización y que en consecuencia puede obtener una libertad provisional o una detención domiciliaria. Eso hace que exista un mecanismo para disminuir el hacinamiento pero no se puede usar. Un interno sindicado le cuesta al Estado alrededor de un millón 400 mil pesos mensuales, y el 60 por ciento de los internos de la Modelo es apenas sindicado, eso quiere decir que el Estado se gasta al mes 2.520 millones de pesos en los 1.800 presos sindicados que están en la Modelo de Bucaramanga”.

La Alcaldía de Bucaramanga ha manifestado a la Personería que está en proceso de contratación de ese grupo, sin embargo a la fecha ese personal de apoyo no está. Históricamente es un grupo de apoyo que la Alcaldía manejaba con autonomía con el Inpec pero esta administración no lo ha puesto.

En otros municipios se construyen centros de retención transitoria donde están los sindicados y se paga con cargo al erario del municipio, acá en Bucaramanga como es una cárcel nacional están mezclados condenados y sindicados.

El 60 por ciento de los detenidos en la Modelo de Bucaramanga son sindicados, de esos sindicados el 60 por ciento son de Bucaramanga y el restante 40 % se lo reparten entre Floridablanca, Girón, Piedecuesta y otros municipios. Lo que significa que hay una responsabilidad compartida entre los mencionados municipios, los cuales también tienen que aportar a este proceso de resocialización.

Con Gobernación y secretarios del Interior de los municipios se han hecho mesas de trabajo con la Personería para que ellos se comprometan a abrir espacio en su presupuesto para apoyar las necesidades más sentidas de la cárcel Modelo.

Ochoa Maldonado dijo que Floridablanca ya logró apropiar $200 millones que van a canalizar hacia algunas necesidades de la cárcel como es el tema del parque automotor. El municipio ejecuta el recurso pero con base en las necesidades que priorice el establecimiento carcelario. Con Piedecuesta el tema va rezagado, mientras que Girón está en el proceso de abrir un espacio fiscal. Aunque lo importante es visibilizar que a ellos también les compete el asunto.

“El compromiso de Bucaramanga es asumir la contratación del grupo interdisciplinario que como dije antes, advirtió el Personero, a la fecha todavía no lo tenemos, hoy hay un sicólogo para 3 mil personas que están recluidas en la cárcel Modelo”.[:]

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