Director de la CAS abordó en Corrillos! los temas gruesos del medio ambiente en Santander

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[:es]En diálogo con Corrillos! en San Gil, sede de la CAS, el Director (e) de la Corporación, abogado Juan Gabriel Álvarez García, abordó temas gruesos del medio ambiente en Santander. Rediba sigue en la mira por sobrepasar la licencia ambiental otorgada. El Páramo del Almorzadero fue ocupado por cultivadores de papa y cebolla y ahora el asunto es qué se hace con más de tres mil familias que llevan allí varias generaciones.

Los dos rellenos sanitarios en San Gil funcionan pero no están exentos de investigaciones en pro de que se cumpla el plan de manejo ambiental, aseguró el abogado Juan Gabriel Álvarez García, quien es desde el tres de enero de 2017 el Director encargado de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-. En San Gil, sede de la CAS, otro asunto urgente y necesario es el de los colectores para descontaminar el río Fonce, para los cuales se necesitan alrededor de 30 mil millones de pesos.

La presencia de más de tres mil familias en zona limítrofe y dentro del Páramo del Almorzadero, en donde cultivan papa y cebolla, mantiene en diálogos y reuniones a los funcionarios de la CAS quienes deben hacer cumplir la orden que lanzó la Corte al gobierno nacional sobre la delimitación de las zonas de páramos. Tema que también fue tocado en la entrevista con Corrillos en la sede de la Corporación.

Esta entrevista fue publicada por Revista Corrillos! edición impresa.

¿Cómo han venido sincronizando el tema de la Acción Popular del Río Lebrija, en especial con la Represa de Bocas, y las dificultades que afronta la mortandad de peces, afectando la población pesquera de los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres?

“En una Acción Popular que instauraron en la Represa de Bocas vincularon a varias entidades entre ellas a la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, la cual hoy represento. Frente a esa situación están la CDMB, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación, entre otras, a las cuales en un fallo nos ordenan realizar unos mantenimientos y organizar que esta represa cumpla la función de la parte ambiental. Desde que llegué analizamos la situación, porque no es jurisdicción de la CAS, recibo el recurso hídrico 35 kilómetros más debajo de la represa. En unas mesas de trabajo en la CDMB manifesté, ante todos los actores, que como Director de la CAS no podría disponerle recursos debido a que esa zona no hace parte de la jurisdicción de los 74 municipios que tenemos. Se analiza la figura de los recursos, cómo si seamos o no competentes para poderlos otorgar. También manifesté que iniciaría un proceso de revocatoria del acto administrativo donde nos imponen que debemos aportar recursos y eso lo analiza la oficina jurídica de la Corporación. En el Juzgado Administrativo de Bucaramanga ya expusimos esa situación de la recepción del recurso hídrico 35 kilómetros más abajo”.

¿Por qué incluyeron a la CAS si no tiene jurisdicción allí?

“Incluyeron a todos los actores ambientales y lo analizamos. Pero el objetivo es que todas estas personas, ribereñas, que hacen parte de esta cuenca hídrica le logremos el menor efecto de contaminación y en ese caso responderán las entidades competentes en el tema”.

En Sabana de Torres y Puerto Wilches reciben esas aguas, ¿entonces allí es que son afectados?

“Allí miramos que recibimos unas aguas a las cuales no se le han hecho los tratamientos efectivos”.

¿Por ello sería que incluyeron a la CAS en la Acción Popular?

“Hay que mirar, cada uno tiene su jurisdicción y competencia para actuar. Si yo llego a meter unos recursos en un sector que no sea de mi jurisdicción, tenga la plena seguridad que viene una investigación que puede iniciar la Contraloría, y ese no es el objetivo. La idea es trabajar todos por el medio ambiente, cada uno tiene su mapa territorial, el mío son 74 municipios por los cuales velo y a ellos debo administrar los recursos de la mejor manera”.

Están a la espera de que la ANLA otorgue una licencia para hacer una línea de conducción a través de una fuente hídrica, el Proyecto Pinchote. Isagén volverá a presentar la iniciativa para hacer la represa Piedra del Sol, hidroeléctrica. Es un hilo de agua en el cual se va a instalar un tubo para generar energía, ¿pero quién asegura que por esa línea no se meterán peces o exista otra circunstancia en contra del medio ambiente?

“Sobre esa licencia ambiental de Piedra del Sol el procedimiento que se realizó, durante la audiencia pública, no fue el expedito y por tanto la autoridad administrativa dejó suspendido ese proceso. A nosotros como autoridad ambiental nos compete que cumplan con todos los requisitos ambientales de la concesión de agua que en su momento vayan a solicitar. Es un proyecto particular y nos corresponde atender cada solicitud. La parte ecológica que debemos garantizar en el río, tenemos que mirar los monitoreos, mirar cuánta capacidad de agua podríamos otorgar. En el momento solicitan la licencia para poder actuar, pero hasta el momento está suspendido debido a que un Juez de la República manifestó que no se hicieron los procedimientos correspondientes porque las comunidades de este proyecto Piedra del Sol, en los municipios de Pinchote, Socorro, San Gil y Cabrera, dicen que se afectará la parte ambiental, el paisaje que hace parte de esta cuenca hídrica del Río Fonce”.

¿No se sabe si se otorgará o no la licencia?

“Contestar eso sería prejuzgar, hay que seguir los procedimientos para esa línea que se plantea de un túnel de siete kilómetros. Hay que ver que cumpla con todos los estándares ambientales. Además si nosotros como Corporación vemos que cumple con todos los requerimientos estaríamos prestos a verificar. Lo que debo mirar es la concesión de agua que nos piden”.

¿El Anla le daría la licencia si la CAS da el visto bueno?

“Es un conjunto. El Anla está pidiendo los apoyos a la CAS porque se tienen que mirar los aforos de la viabilidad del río durante varios años, y esa información se tiene para medir el comportamiento durante los años. También solicitan una ocupación de cauce que se tiene que hacer para poder construir la represa y conducir el agua. Debemos mirar la dinámica del río antes y después de la bocatoma. El cauce viene con una fuerza hidráulica y la va a perder porque se le quitaría una parte y el caudal perdería, entonces se requiere un análisis preciso de la dinámica del río. Además hay que ver que el ecosistema se conserve y se garantice. Hay que hacer un censo de especies. Y esa es la respuesta de que se debe cumplir con las normas ambientales. En Oiba también se quiere hacer otra represa”.

En otros países el sistema de represas para obtener energía ya es casi asunto del pasado, ¿hay nuevas alternativas?

“Hoy en día se buscan otras formas de generar energía como la eólica, o a través de los paneles solares. Inclusive en Santander hay unas empresas que quieren montar esas tecnologías, en Los Santos una de paneles solares, en Barrancabermeja hay empresas que quieren buscar formas alternativas de obtener energía. Pero eso será poco a poco. Por ahora hoy la forma de proceder es con las represas, aunque sí sería muy bueno buscar otros medios más amigables con el medio ambiente”.

¿En qué estado se encuentra la Represa de La Batanera en el municipio de Vélez, cuáles son los avances?

“La Represa La Batanera colapsó en el 2016. Como CAS lo único que hicimos fue darle una licencia ambiental. Esa licencia va siempre cobijada de que la persona responsable cumpla con todos y cada uno de los requisitos ambientales. En un parágrafo se le requirió que los materiales a usar deberían ser idóneos, de cantera, permitidos, y autorizados por la Corporación. La Contraloría nos ha pedido acompañamiento. La CAS le estaba haciendo seguimiento como corresponde a la parte ambiental. Las investigaciones siguen. La licencia está suspendida. Hay unas pólizas de garantía que el contratista tuvo que adquirir para iniciar obras. Otorgamos la licencia ambiental, pero la construcción ya no hace parte de esa licencia, sino los lineamientos que los materiales a usar fueran permitidos y obtenidos de las canteras que tuvieran sus permisos otorgados por la Corporación”.

¿Hay sanciones?

“La Corporación no ha sancionado. Hacemos unos seguimientos e investigaciones previas. Como autoridad damos la licencia, nos corresponde por la oficina de oferta, se da la licencia y la oficina de autoridad ambiental hace los seguimientos. Se hacen las visitas para ver cómo procedieron. Observar que las obras a realizar tengan la magnitud que pueda cumplir todas las exigencias ambientales, de construcción, y de que todos los recursos que se inviertan sean de la mejor forma para que esa represa que alimentaría a la Provincia de Vélez en su momento cumpla su tarea”.

El otro tema a tratar es sobre la delimitación del Páramo del Almorzadero, ese complejo que se encuentra en la cordillera Oriental de los Andes colombianos, de unos 1251 kilómetros cuadrados de extensión que se ubican entre los 3100 y 4530 metros sobre el nivel del mar. El asunto es el desplazamiento de campesinos y la gente cultivando en zona de páramo. ¿Cómo se controla ese tema, qué se hace para conservar esa fábrica de agua que contiene 37 lagunas y 9 humedales, surte de agua al Río Chicamocha y al río Valegra, afluente al Río Arauca?

“Hemos hecho reuniones con el Ministro a raíz de una norma nacional en donde ordenan que todos los páramos a nivel nacional deben ser reglamentados y delimitados. En Santander tenemos todos los pisos térmicos y en ellos está el Páramo del Almorzadero donde se habla con la comunidad. La situación es que hace quince días nos reunimos en Bogotá con los alcaldes de la Provincia de García Rovira, con la comunidad, representantes de Santander y Norte de Santander, los diputados, preguntándole al Ministro de Ambiente, ¿cómo se iba a hacer la reglamentación? debido a que hay muchas personas que cultivan en el páramo y allí está la despensa de la papa y la cebolla. Allí llevan por generaciones con sus cultivos artesanales y necesitan garantías para seguir con su medio de subsistencia. Para el 12 de agosto el Ministro se comprometió a una reunión en Málaga con alcaldes y comunidad de Santander para hablar del Almorzadero. En Pamplona también hubo una similar reunión conjunta el seis de agosto con representantes de Norte de Santander. Hay muchos asentamientos y hay que ver qué se ponen a hacer si su vida es en los cultivos, son varias generaciones completas en ello”.

¿Se han generado daños con esos cultivos?

“Hoy en día lo que el gobierno quiere es proteger áreas, a nivel nacional y a nivel mundial se protegen muchas áreas. A través de un mandato legal la Corte le dice al Estado que debe reglamentar todos los páramos para poder garantizar el recurso hídrico para todos los ciudadanos. Y lo que hay que hacer es conservar los páramos. Así que se debe tomar una política aunque debe ser gradual para cambiarles la economía a estos cultivadores. Desde el gobierno nacional se busca lograr unas compensaciones ambientales por eso desde el Minambiente se sacó una Resolución en donde se reglamenta y poder hacer unos pagos ambientales a estas personas que viven en los páramos y buscar la conservación. Es una contraprestación lo que se quiere buscar. Como Corporación autónoma estamos en el Proyecto de Banco Dos donde tenemos unas 80 familias que se les da un incentivo para que cuiden del bosque, de esa manera decirles que le aportan a la naturaleza, como son propietarios de esa parte que conservan lo que se quiere es que cambien sus métodos tradicionales y busquen otra manera de buscar su economía. Es una compensación de máximo tres hectáreas cada una por 200 mil pesos o más para un total de 600 a 700 mil pesos, por un plan de tres años. Se hacen además unas capacitaciones para que aprendan otras cosas y así no deforesten más”.

¿Existe algún censo de cuántas familias hay, cuántas hectáreas de páramo están invadidas?

“Vamos a hacer la caracterización porque son más de cien mil hectáreas y eso es gradual, pero hay que hacerlo. Si se toma la determinación de delimitarlo, tenemos tres años para reglamentarlo y velar para que se conserve para toda la comunidad. Datos sin confirmar hablan de más de tres mil familias y en algunos casos gente con 50 o 60 hectáreas. No es que sea una invasión es que ellos viven desde hace generaciones allí y están a 2600 metros en donde cultivan los productos de clima frío. Llevan más de cien años cultivando en la línea limítrofe del páramo. Ahora con el posconflicto muchas empresas ven la opción de entrar a zonas en donde antes no lo hacían porque era peligroso o región de conflicto, y quieren explotar los recursos, así que la reglamentación es urgente para conservar el medio ambiente sano”.

¿En qué estado se encuentran las sanciones aplicadas a Rediba por haber traspasado los límites otorgados en la licencia ambiental, y en qué estado se encuentra la siguiente sanción que se había anunciado por parte de la CAS?

“Frente al relleno sanitario en Barrancabermeja de Rediba, la licencia ambiental fue otorgada en su momento por la CAS, en años pasados. Venía una investigación correspondiente a un incumplimiento del plan de manejo ambiental y cono Corporación sacamos una sanción casi de 2.400 millones de pesos, en primera instancia. Presentaron un recurso de reposición, el cual está en proceso. Al resolverse se informará si se confirma o no esa decisión. Frente a las otras sanciones de extralimitarse de la licencia que la CAS otorgó están en proceso todos y cada uno de los procesos. Se ha tenido el acompañamiento del Minambiente, de la Procuraduría. Los predios aledaños al relleno sanitario en su momento manifestaban que no sabían quiénes eran los propietarios y pues se debe investigar, solicitar los certificados de libertad y tradición, e involucrar a estas personas porque son las que van a cargar el peso de la ley en la parte ambiental”.

¿Qué pasa con el relleno o los rellenos sanitarios en San Gil, cómo se manejan?

“Acá en San Gil existen dos rellenos sanitarios que reciben entre el 35 y el 40 por ciento de los residuos sólidos de las Provincias Guanentina, Comunera, y Veleña. Uno de los rellenos es Epsaco y el otro es el de Acuasán, los dos están ubicados en la vereda El Cucharo (San Gil). Algunos municipios tienen el PGIR -Planes de gestión integral de residuos- y dan el cumplimiento, traen y disponen. Sin embargo también tienen dificultades, se han iniciado investigaciones, han generado sanciones. La problemática de los rellenos sanitarios es nacional. La CAS le hace seguimiento a los rellenos sanitarios pero el compromiso es de todos, de reciclar, de separar desde la fuente, reutilizar. Las investigaciones las hay por incumplir el plan de manejo ambiental”.

¿Han tenido que declarar alguna emergencia ambiental al respecto?

“No se ha tenido que declarar ninguna emergencia ambiental. Los dos rellenos funcionan con licencias otorgadas por la CAS. Se les dice que se debe hacer la separación de los residuos en la fuente, que los residuos orgánicos se puedan reutilizar para producir abonos, que los desechables se manejen. Todo es un complemento. En el tema de lixiviados presentan toda la documentación por el manejo que se da y no se genere contaminación al recurso hídrico, al río Fonce que pasa por allí. También hay una microempresa sangileña que hace la separación en la fuente, genera empleo, y todos debemos apuntarle a eso. Que lo que se lleve al relleno sanitario solo sea el diez por ciento de la materia inerte, es el deseo”.

¿Qué va a pasar con el proyecto de colectores sobre el río Fonce?

“El alcalde municipal de San Gil hizo un proyecto nacional para los colectores. Me decía que ya tenía unos recursos, que a nivel nacional se apalancan unos recursos para los colectores y eso requiere de voluntad política y del deseo de querer descontaminar el río Fonce. A nivel nacional a través de la Procuraduría nos hicieron una preventiva en la cual nos dicen que tenemos la responsabilidad de que el municipio le brinde el tratamiento a las aguas residuales y se busque realizar una Ptar (Planta de tratamiento de aguas residuales), primero una planta y se haga el compromiso de que esa planta funcione. Lo de los colectores requiere recursos, son obras grandes que se tienen que hacer. Le exigimos a la Alcaldía de San Gil para que le de cumplimiento porque el río Fonce debemos descontaminarlo, de la ribera del río le vierten muchos municipios en la cabecera, en la parte alta, por lo tanto se trabaja para que los municipios tengan las plantas de tratamiento de aguas residuales y cumplan con la norma ambiental”.

El proceso avanza, ¿pero para cuándo estaría, porque es necesario y urgente?

“No solo es necesario sino que es una orden, un cumplimiento a la Ley. Teníamos unos procesos analizando y recolectando el material probatorio. Es un proyecto de 20 mil a 30 mil millones de pesos o más porque la sola Ptar cuesta varios millones, pero como CAS lo que necesito es que el municipio cumpla con la norma. Y si no se cumple habrá sanción, porque ya hay un fallo judicial que dice que el municipio de San Gil debe hacer la planta, los colectores y tiene que organizarse para no contaminar la fuente hídrica”.[:]

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