Se empantana la aspiración de Fernando Vargas a la gobernación de Santander

[:es]La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad proferida en contra del exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, y del exsecretario de Infraestructura de la misma ciudad, Álvaro Ramírez Herrera, por las irregularidades presentadas en la construcción del Parque Integral Metropolitano en 2010.

De acuerdo con la investigación, una vez se inició la obra en su primera fase los disciplinados modificaron, sin ninguna justificación, el objeto del contrato para construir un parque de deportes extremos sin tener los estudios técnicos y económicos requeridos.

(Lea también: Así se preparan los partidos en Santander para afrontar las elecciones al Congreso)

Igualmente, el Ministerio Público estableció que en ese nuevo parque invirtieron cerca de siete mil millones de pesos, cuando la obra inicial estaba presupuestada en $3.500 millones, razón que llevó a los exfuncionarios a firmar un nuevo contrato para cubrir el monto total de la construcción.

Por esos hechos, la Sala Disciplinaria, en segunda instancia, dejó en firme la decisión de destituir a los dos investigados, así como la inhabilidad de 11 años proferida contra el exalcalde y de 12 años dictada contra el exsecretario de Infraestructura, por incurrir en una falta gravísima con culpa gravísima. Los disciplinados desempeñaron sus cargos en el periodo 2008 – 2011.

 

Adiós a la aspiración

Ya Fernando Vargas Mendoza había sido destituido en 2011 por la Procuraduría por irregularidades en contratación, sin embargo había avizoraba una posible solución para esa inhabilidad y poner su nombre para el 2019 para la Gobernación de Santander. Pero con la nueva sanción, esas posibilidades desaparecen.

En la primera sanción, el ente de control  lo había destituido e inhabilitado por 10 años por entregarle un contrato al Instituto Universitario de la Paz de manera irregular cuando se desempeñaba como mandatario de Bucaramanga.

El entonces Alcalde de Bucaramanga le entrego directamente a Unipaz un contrato por 900 millones de pesos para dotación tecnológica, omitiendo la convocatoria a licitación pública, incurriendo en falta con culpa gravísima y por eso debió abandonar el cargo y salir de la vida pública por 10 años y que se cumple en 2021.

(Lea también: El jalón de orejas que le hizo la Procuraduría al alcalde de Girón por incumplir sus funciones)

Para Vargas Mendoza, con la reforma al Código Disciplinario que en diciembre fue aprobado por el Congreso, que está en revisión en la Corte Constitucional y al que solo le falta la sanción presidencial, le facilitaría las cosas para poder aspirar, sin embargo una nueva sanción pone en riesgo su aspiración.

En esa reforma se incluyó un artículo que cambia las sanciones de quienes fueron inhabilitados por haber incurrido en lo que se conoce como “culpa gravísima”, la misma por la que la Procuraduría consideró inhabilitarlo.

Con la redefinición de las sanciones, que con el nuevo Código lo que hacen es reducirse a la mitad, Vargas Mendoza podría solicitar que le reajusten el fallo atendiendo al principio de favorabilidad.

Si eso sucede, el exalcalde de Bucaramanga quedaría completamente habilitado para saltar al ruedo electoral, incluso desde las legislativas de 2018, debido a que con la regraduación, los cinco años de la sanción se habrían cumplido en agosto de 2016.

El problema es que la nueva sanción del ente de control comienza a partir de este año y si la reforma al Código Disciplinario se avala, por las irregularidades presentadas en la construcción del Parque Integral Metropolitano en 2010, solo podría aspirar en el 2022.

(Lea también: La paradójica investigación que abre Opción Ciudadana contra cinco de sus congresistas)[:]

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password