Un aire envenenado, omisión estatal

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[:es]Columna de opinión Ludwing Ludwing Mantilla, abogado / Hace unos meses una pequeña niña de tan solo 11 años de edad, encendió una alarma por la contaminación ambiental, por los olores ofensivos y nauseabundos que afectaban su vida y con coraje radicó una acción de tutela ante los Jueces de la República, por los malos olores en Bucaramanga y Girón, exigiendo a las autoridades estatales, el derecho de gozar de un ambiente sano (Artículo 79 Constitución Política), la protección a la salud, su derecho a la vida inviolable y el derecho fundamental de los niños (Artículo 11, 13, 44 85 y 86 de la Constitución Política y Ley 1751 de 2015); lo precedente por posible corrupción y/o por omisión flagrante del Estado en cumplimiento de sus funciones.

Los olores putrefactos se han convertido en una problemática pública cotidiana, causando enfermedades a los niños y demás personas, poniendo en riesgo la vida humana.

Son muchos niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, hombres y mujeres que se encuentran afectados por los olores putrefactos, un aire envenenado en los municipios de Girón y Bucaramanga.

La contaminación del aire por las emisiones de empresas (Entre otras, posiblemente Harinagro S.A. y la Zona Industrial), ciertos buses urbanos en el Área Metropolitana, malos olores provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de EMPAS, olores ofensivos que emite el Río Frío y el Río de Oro (Fuentes portadoras de contaminación, nuestros ríos y quebradas se convirtieron en alcantarillas públicas abiertas), quema y descarga de huesos de animales sacrificados a las fuentes hídricas y ciertas marraneras y avícolas de la zona.

Es en este sentido que vemos la preocupación del actuar de la comunidad frente a la negligencia de las entidades del Estado. Son pocas las personas que acuden ante las autoridades judiciales y administrativas a exigir el respeto a sus derechos fundamentales vulnerados; solo se escucha pasivamente una comunidad preocupada y afectada por los malos olores que se siguen presentando en la noche y en la madrugada en varios barrios de Girón y Bucaramanga.

Este silencio en ocasiones nos convierte en personas indiferentes o cómplices de la omisión al cumplimiento de las funciones asignadas a las autoridades ambientales y de salud; en el caso particular, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Policía Ambiental y Secretarías de Salud y Ambiente de Girón y Bucaramanga.

En días recientes se agudizó un caso puntual en el municipio de Girón, donde sus habitantes deben convivir con olores insoportables y gases, que a la fecha no se saben si son tóxicos, provenientes de varias empresas que están envenenando el aire, la vida humana. Las consecuencias de lo anterior, son las diferentes enfermedades respiratorias y de piel, que afectan la salud humana. Este padecimiento es permanente, afirman los niños y habitantes del sector.

A la fecha, no se evidencian resultados concretos por parte del Estado, la comunidad espera que las autoridades ambientales, policivas y de salud, tomen medidas urgentes para solucionar los inconvenientes y eliminar la contaminación ambiental y garantizar la salud de los pobladores.

Surge una pregunta, ¿por qué muchas personas no actúan jurídicamente para defender sus derechos fundamentales? La respuesta podría enmarcarse en la pérdida de confianza de las autoridades ambientales, al no ser efectivas en su actuar. Otro factor puede ser, pérdida de tiempo por el afán cotidiano de las personas, o por desconocimiento de las herramientas constitucionales y/o mecanismos de participación ciudadana o por la corrupción en ciertas entidades del Estado.

Frente a éste último punto, todos podemos solicitar ante un Juez de la República la protección inmediata a nuestros derechos fundamentales constitucionales: La salud, la vida en condiciones dignas, el derecho a gozar de un ambiente sano, derecho a la Igualdad, intimidad, educación, y el respeto a los derechos de los niños.

De otra parte, todas las personas pueden solicitar y exigir por vía judicial el cumplimiento de las funciones y obligaciones que tienen las autoridades ambientales y territoriales (Ley 1437 de 2001, Artículo 144: “Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos…”, entre otros instrumentos constitucionales.

Así mismo, cualquier persona directamente o vía email, pueden radicar a las autoridades ambientales, las quejas por contaminación ambiental y/o que se reconozcan como tercero interviniente (Artículo 69 Ley 99 de 1993), y que se de aplicación al Principio de Precaución que afirma: “Las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá́ utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente” Ley 99 de 1993, Artículo 1, Numeral 6.

En este sentido, las autoridades ambientales sin temor alguno pueden ordenar la suspensión de las actividades y sellamiento de las empresas e industrias, aun cuando no se tenga prueba o certeza científica de la contaminación ambiental y cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana (Ley 1333 de 2009).

Todo lo anterior, con el único fin, que los niños respiren aire puro, se eliminen los malos olores y los habitantes del área metropolitana, en especial Bucaramanga y Girón, sigan disfrutando de un ambiente sano, la vida y volvamos a creer en la legitimidad del Estado y consecuentemente las autoridades ambientales y territoriales cumplan su deber en la protección del interés público, se eliminen los actos de corrupción y omisión, se ejerza la autoridad y el desempeño de las funciones públicas, la prevención y controlar los factores de deterioro ambiental, la imposición de sanciones legales no extorsivas, la reparación de los daños causados, la vigilancia permanente y sus resultados sean evidentes y eficaces, no politiquería.[:]

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