La historia detrás del fallo contra el alcalde de Bucaramanga por abuso de sus funciones

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[:es]Las ideas del Alcalde de Bucaramanga de reducirle el presupuesto a la Personería Municipal pusieron ahora en apuros al abogado Omar Alfonso Ochoa Maldonado, Personero de Bucaramanga, quien en tres meses deberá ejecutar el presupuesto que requirió para todo el año.

La personería presentó un anteproyecto de presupuesto desde  septiembre de 2017 para que el Concejo lo aprobara, sin embargo la respuesta fue negativa. El Alcalde por hacer más le redujo el presupuesto a la Personería y la maniató porque ese presupuesto reducido no fue aceptado y vinieron los reclamos legales.

Hoy esos reclamos fueron escuchados y el fallo definitivo del Tribunal Superior de Bucaramanga fue a favor de la Personería, es decir el personero Ochoa Maldonado ganó. Sin embargo esa victoria no tiene muy contento al funcionario y tiene sus razones para que así sea.

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Dijo el Personero que a pesar de que es una victoria jurídica no es lo mismo contar con el presupuesto en el mes de enero, cuando se puede hacer un ejercicio de planificación juicioso y ordenado para todo el año, a tener el presupuesto en el mes de septiembre, cuando el año ya está por acabarse. Y como se sabe, por la anualidad del gasto, lo que no se ejecute a diciembre 31 eso caduca y no se puede utilizar para el periodo siguiente porque empieza a regir un nuevo presupuesto.

“Igual ponen a la Personería en algunas dificultades porque dos meses. Sería para agosto, más lo que se demore el Concejo en aprobar, así que sería en septiembre para tener el presupuesto, pero no quedarían sino tres meses para la ejecución. Ese perentorio espacio dificulta hacer un ejercicio planificado, serio y ordenado a diferencia de haber tenido esa partida desde enero”.

Esas son las consecuencias de no haberse apropiado esa partida como debió haber sido desde el principio, o sea en enero, lo que no hubiese generado traumatismo.

 

La historia

Relató el Personero la trazabilidad de lo que pasó desde septiembre cuando presentaron el presupuesto y ahora en junio cuando el Fallo del Tribunal favoreció a la entidad del Ministerio Público.

Dijo que “la Personería de Bucaramanga en el año 2016, dentro de los plazos que la Ley establece, presentó el anteproyecto de presupuesto de la Personería Municipal de acuerdo con los límites que señala la Ley 617 del 2000 que establece que el monto máximo de presupuesto de las personerías municipales de categoría especial es de hasta de 1,6 % de los ICLD –Ingresos corrientes de libre destinación-”.

“Siendo responsable la Personería, desde el punto de vista fiscal, no puso el tope que la Ley establece sino que pidió un porcentaje inferior, el 1,4 %, cuando la mayoría de las personerías piden lo máximo, el 1,6 %”.

“El de la Personería de Bucaramanga fue un acto de responsabilidad fiscal y de hacer un presupuesto bien estimado. Pese a ello, cuando la Administración municipal compila el presupuesto para presentarlo a consideración del Concejo, en el proyecto de acuerdo se redujo, esa partida solicitada en principio, en 700 millones que equivales a 0,2 %, es decir la dejaron en 1,2% que en la historia es la más baja asignación que se le ha otorgado a la Personería de Bucaramanga”.

“Las administraciones respetuosas de la autonomía de los organismos de control les asignan lo que solicitan que está dentro del marco de la Ley. En el caso de Bucaramanga no fue así. Ese tema de documentó con amplitud en los debates en el Concejo, se expuso el destino de esos recursos enfocados al desarrollo de programas misionales que tienen que ver con la creación de un Observatorio de Derechos Humanos, una escuela de líderes, y temas asociados al posconflicto. Tanto en comisiones como en plenarias del Concejos esos temas estuvieron documentados con amplitud. Pese a las justificaciones la administración se mantuvo en su posición y no quiso ajustar la partida solicitada”.

“El Concejo no aprobó el proyecto de acuerdo y así las cosas el Alcalde de Bucaramanga quedó facultado para, a través de un decreto en vigencia, asignar la partida. Sin embargo también la Ley establece un control especial en cabeza de las gobernaciones, sobre los alcaldes, para revisar que no exista ningún tipo de observación frente a la legalidad de esos decretos que se expiden en esas condiciones”.

“La Gobernación de Santander encontró, en efecto, que con la decisión unilateral de la Administración que había optado por reducir el presupuesto solicitado por el organismo de control, que es autónomo constitucional y legalmente, se le violaba esa autonomía. En consecuencia le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander que declare la nulidad del presupuesto, bajo el entendido de que a pesar de haber presentado el anteproyecto dentro del límite que la Ley establece para la Personería fue reducido en forma unilateral por la administración y ello constituía una violación a la autonomía constitucional y legal que tienen los organismos de control”.

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“Frente a ese proceso ante el Tribunal intervino la Procuraduría General de la Nación que conceptuó a favor en el sentido en que en efecto un proceder de esa naturaleza implicaba desconocer la autonomía de los organismos de control. Intervino el Concejo, la Personería, y el fallo que es de única instancia que fue adoptado por el Tribunal, establece que fue desconocida esa autonomía a través de la reducción del presupuesto en forma unilateral por parte de la administración, porque implicaría desconocer el núcleo esencial de la autonomía que tiene el Ministerio Público local”.

“En consecuencia declaran la invalidez del presupuesto del municipio en lo que tiene que ver con la sección presupuestal de la Personería Municipal. Eso significa que, si bien el resto del presupuesto sigue vigente, en lo que tiene que ver con la partida de la Personería se declara su invalidez, y el Tribunal da dos meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo (fallo ejecutoriado hace dos semanas) para que dentro de esos dos meses la administración presente un proyecto de acuerdo ante el Concejo ajustando la partida a lo solicitado en principio por la Personería dentro del límite legal”.

“Hoy, a comienzos de julio, se está dentro de ese plazo de dos meses, para que luego sea presentado ante el Concejo, surta el trámite del caso y ajuste el presupuesto de la Personería al 1,4 % de los ICLD, según lo solicitado en principio por la Personería”.

“Se está en la coyuntura de que expire el plazo de dos meses que el Tribunal dio y que se surta el trámite ante el Concejo para que sea ajustada la partida respectiva. Esa es la trazabilidad de ese tema”.

 

Trabajar sin presupuesto

Como no hubo presupuesto a la Personería, según explicó el abogado Ochoa Maldonado, le tocó “reducirse al básico, nos hemos dedicado a pagar la nómina, nuestros contratos son los de menos remuneración en toda la administración municipal. Nuestros contratos en promedio no superan los 2 millones 300 mil pesos, en tanto que en otras entidades esos contratos están por el orden de los 4 millones 500 mil pesos. Los profesionales trabajan por la mística, porque remuneración grande no existe”.

“Se hicieron alianzas con el sector privado, por ejemplo para hacer eventos se busca a las empresas para que apoyen con insumos, con servicios. También han apoyado las entidades del orden nacional. Se tuvieron que explorar otras alternativas, otros espacios, para apoyar las labores de tipo social, y continuar con la labor propia que le corresponde a la Personería. Se tocaron puertas y se obtuvieron respuestas positivas en el sector privado, entidades que apoyaron sobre todo para hacer eventos de capacitación y lo que se hace con la población”.

Creería, dijo el Personero, que con el fallo definitivo del Tribunal Superior de Santander nos queda claro que la Alcaldía no puede reducir el presupuesto, y si lo llegaran a hacer hay una prohibición expresa en el Código Disciplinario en el sentido en que no se pueden reproducir actos administrativos que hayan sido declarados nulos por la justicia. Con ese antecedente lo procedente es que la Alcaldía apropie desde un primer momento los recursos que le sean solicitados con oportunidad por la Personería.

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La Alcaldía lo que argumentó para disminuirle el presupuesto a la Personería es que ellos iban a ajustar lo que era la inflación proyectada por el Banco de la República que equivalía al 5,5 por ciento y que esa era la variable que ellos iban a utilizar. Indexar de acuerdo con la meta de inflación que se había fijado el Banco de la República y esa era la política para todos, y que no habría excepciones y que todo el mundo tenía que restringirse al 5,5 %.

“El Alcalde puede hacer eso con las secretarías porque él es el jefe de allá, dijo el Personero, pero no lo puede hacer frente a organismos que tienen autonomía como el caso de la Contraloría, el Concejo, o la Personería, porque son organismos que tienen autonomía constitucional y legal. El mandatario de turno no puede reducir el presupuesto sin considerar las necesidades reales de tales organismos”.

“Esa falla en la asesoría al Alcalde le fue expuesta en reiteradas ocasiones en los debates en el Concejo, el Tribunal revisó esas explicaciones, además de que escuchó las grabaciones de los debates en donde se explicaba en qué sería utilizado el presupuesto, cuál es el comportamiento histórico del presupuesto, cuáles son las necesidades que se debían atender, por qué se requería ese monto, el vacío en que dejaba a la entidad al no aprobarse el presupuesto solicitado. Todo se explicó al detalle y el Tribunal lo tuvo en cuenta al momento de fallar y determinó que en efecto estaba bien justificada la petición realizada por la Personería”.

Recordó el funcionario que “ya no existen como en el pasado las reservas presupuestales, que hoy en día son excepcionales, así que lo que no se alcance a ejecutar a 31 de diciembre regresaría a su origen y no se acumularía para la vigencia siguiente. Así que la dificultad cuando se apropien los recursos será destinarlos en un cuarto del tiempo, contrario a si la aprobación se hubiese hecho en enero cuando se hubiesen tenido los doce meses de la vigencia para la respectiva ejecución del presupuesto solicitado”.[:]

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