Escuche los detalles de la decisión del juez sobre imputación a concejales de Floridablanca

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[:es]Que el Juez 15 de Control de Garantías, José Plata, no haya aceptado los argumentos del Fiscal 37 seccional y por ende no haya decretado medida de aseguramiento contra 18 de los 19 concejales de Floridablanca, por supuestas irregularidades en 2016, en la elección del Personero y Contralor de la localidad, no fue la única “ganancia” que obtuvieron los implicados.

La ganancia obtenida por los corporados tiene que ver con parte de las pruebas que los acusan, la más contundente son una serie de grabaciones obtenidas de manera fraudulenta, que a criterio del juez Plata, fueron ‘chuzados’ los teléfonos. Si todo continuo tal como fue entendido por Plata, la prueba contundente deberá ser desechada, lo que beneficia ostensiblemente a los acusados.

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El abogado Jaime Lombana se mostró en desacuerdo con la Fiscalía por las interceptaciones telefónicas que el ente acusador le habría practicado por varios meses a los cabildantes. “La Fiscalía habría incurrido en un prevaricato por acción al haber interceptado una llamada entre un concejal y su abogado defensor, algo que según él, es abiertamente ilegal”, dijo.

Entonces el Juez consideró que las grabaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía como pruebas eran desbordadas porque no tenían relación con el proceso y anticonstitucionales pues vulneraban el legítimo derecho a la defensa, toda vez que se intervinieron llamadas entre abogados y sus apoderados.

 

Cada concejal responderá individualmente

La Fiscalía imputó cargos contra los concejales según su grado de responsabilidad en la presunta elección irregular de Contralora y Personero.

En tal sentido, por la elección de la Contralora Luz Marina Díaz Mantilla, elegida en plenaria el 23 de julio de 2016, la Fiscalía solo le imputó cargos a la entonces mesa directiva del Concejo de Floridablanca, Alfredo Tarazona, Néstor Bohórquez y Marcos Olarte, por prevaricato por omisión y fraude en documento procesal. Por este mismo hecho, el Primer Vicepresidente Néstor Bohórquez y el Segundo Vicepresidente, Marcos Olarte, recibieron una tercera imputación de cargos, prevaricato por acción.

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Por la elección de Personero Robiel Barbosa Otálora, elegido el 10 de enero de 2016, a los 18 cabildantes la Fiscalía les imputó el cargo de prevaricato por omisión. El único concejal exonerado para esta diligencia de imputación de cargos, que duró dos días y medio, fue Salvador Molina.

El juez Plata determinó no aplicar la medida privativa de la libertad, pero sí determinó una medida restrictiva en el sentido de que los concejales no podrán salir del país, deberán demostrar bien comportamiento y tendrán que asistir a todas las audiencias de ahora en adelante en el proceso. Consideró que los concejales no representan un peligro para la sociedad ni un riesgo para el proceso, por lo tanto no decretó medida de restricción de la libertad contra ellos.

 

No hubo preacuerdo de Salvador Molina

“La Fiscalía cognoscente y con base en lo establecido en el art 287 del CPP al analizar los elementos materiales de prueba, la evidencia física y la información legalmente obtenida en la indagación preliminar para realizar una imputación fáctica, pudo llegar a la conclusión acertada de no poder inferir razonablemente que mi defendido haya tenido algún grado de coparticipación delictual a título de autor o participe en los delitos que se investiga por el ente fiscal”, dijo en su perfil de Facebook el abogado Dilmar Ortiz, defensor del concejal Salvador Molina.

Explicó que, “no es cierto lo que se viene opinando con todo respeto por algunos de los abogados defensores de los otros concejales investigados en torno a que mi representado realizó un preacuerdo o se está bajo los parámetros de aplicación del principio de oportunidad puesto que estas dos figuras técnica y procesalmente (art 348 y sgte y 323 y 324 del CPP) no pueden ser aplicadas si no existe imputación e investigación respectivamente y para el presente evento al Dr Salvador, la Fiscalía no le imputó cargos por los delitos que investiga”.

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Recordó que “se espera que la Fiscalía archive la investigación con base en las previsiones del art 79 ibidem o solicite preclusión ante un juez penal del circuito con funciones de conocimiento con base en las causales del art 332 del CPP. Es importante anotar que se realizó un trabajo de aclaración, precisión y de ruta de conducta de mi defendido ante la agencia fiscal que le permitió, en un análisis y estudio juicioso, disciplinado y responsable del Fiscal 37 seccional, tomar la decisión de no imputar los cargos por los delitos de prevaricato por acción y omisión y fraude a resolución judicial”.

Escuche al Juez Plata al definir la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación:

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