Los dudosos contratos suscritos en Santander a los que la Procuraduría les puso la lupa

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[:es]La Procuraduría General de la Nación inició acción preventiva en la Gobernación de Santander, la Corporación Autónoma Regional (CAS), la Electrificadora de Santander, la Personería municipal de Aratoca, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Curaduría Urbana, con el fin de verificar la legalidad de los nombramientos de funcionarios y el cumplimiento de los requisitos exigidos para la celebración de contratos.

Esta acción se suma a los procesos que adelanta la Regional para determinar  la legalidad y la debida ejecución de algunos contratos suscritos por la Gobernación de Santander entre los años 2012 – 2016.

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En este sentido, la Procuraduría abrió indagación por presuntas irregularidades en la suscripción y/o ejecución de contratos para la digitalización de archivos de docentes y exdocentes adscritos a la secretaría de Educación del ente territorial y adelanta evaluación disciplinaria por la presunta violación al estatuto anticorrupción, del régimen de inhabilidades y las normas de contratación estatal, en el contrato suscrito entre la Fundación académica Fitec y la Gobernación de Santander y posteriormente haber ocupado el cargo de rector de dicha institución.

De otra parte, el Ministerio Público activó su competencia disciplinaria para tres exdirectores de la CAS y del exsubdirector de Gestión Ambiental del mismo organismo, por presuntas irregularidades en el proceso de reforestación de predios en el área rural de Barrancabermeja, en una cuantía aproximada a 3.000 millones de pesos, conductas que tienen a los cuatro exfuncionarios con medida de aseguramiento intramural.

En esta misma línea, la Regional busca determinar qué funcionarios cometieron presuntas faltas disciplinarias en 2013 en las etapas de planeación y ejecución del contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado “Construcción Acuaparque Nacional del Chicamocha  – Centro Oriente  – Santander – Aratoca”, cuya cuantía asciende a más de 9.000 millones de pesos.

Finalmente, ante el presunto uso de material no adecuado y en contravía de los diseños previamente aprobados para la Represa La Batanera en el municipio de Vélez, el órgano de control investiga a  interventores, supervisores de este contrato y secretarios de infraestructura del departamento para los años 2014 y 2016.

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