Las acciones que plantea el concejal Jorge Flórez para casos de violencia de género

[:es]De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, a noviembre de 2015 se reportaron 827 casos de violencia de pareja en Bucaramanga, de los cuales 663 fueron agresiones contra mujeres. Esta cifra posiciona a Bucaramanga como el quinto municipio del país con mayores casos de violencia de pareja. También se registraron 385 casos de violencia sexual, siendo 325 mujeres víctimas de este flagelo. En lo corrido de 2016 se han perpetrado seis casos de feminicidio, que como lo establece la ley 1761 de 2015 “Rosa Elvira Cely” es el asesinato de una mujer por su condición de mujer y/o por motivos de su identidad de género.

Este preocupante panorama regional llevó al concejal del Polo Democrático, Jorge Edgar Flórez Herrera, a radicar el proyecto de acuerdo 043 de 2016, “por medio del cual se implementan las capacitaciones en equidad de género a funcionarios (as) públicos de las entidades encargadas de atender u orientar los casos de violencia y discriminación contra las mujeres en el municipio de Bucaramanga”.

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Para el corporado bumangués, “resulta de vital importancia fortalecer el aparato institucional con el fin de ofrecer garantía material a los derechos fundamentales de las mujeres y de esta manera, promover su empoderamiento. En ese sentido, el primer paso para la efectividad real de los derechos de las mujeres consiste en que las políticas gubernamentales existan, no como una simple posibilidad sino como un instrumento normativo concreto”.

Dijo que, si bien, en Bucaramanga se han logrado importantes avances en esta materia, las realidades de violencia nos exhortan a no escatimar en iniciativas y a superar las barreras e inconvenientes para una efectiva implementación.

“Es necesario avanzar en el fortalecimiento de las rutas de atención a través de la capacitación con  enfoque de género a las funcionarias y funcionarios públicos, cuya tarea esté relacionada con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Esto con el propósito de asegurar una atención integral, oportuna, inmediata, eficiente y con calidad para las víctimas del municipio”, destacó.

 

Se requieren acciones reales

El proyecto, de ser aprobado, pretende evitar que las mujeres víctimas de violencia que acuden a las instituciones sean revictimizadas al formular sus denuncias o poner en conocimiento sus situación de violación de derechos; puesto que, en la base de la problemática dominan una serie de valoraciones culturales, concepciones y prácticas arraigadas sobre la violencia contra las mujeres, que se manifiestan en las actitudes de los propios operadores/as de justicia, quienes consideran que se trata de  delitos de “poca importancia”, de los cuales responsabilizan en ocasiones a las víctimas.

Flórez Herrera advierte que, “eso conlleva a que se señale socialmente a dichas instituciones y autoridades administrativas de justicia como responsables de los casos de violencia porque en consecuencia al desconocimiento, que produce revictimización, y por tanto a la no atención de calidad, muchas mujeres prefieren no denunciar, no acceden a las rutas y optan por el silencio”.

En tan sentido, con el Acuerdo se contribuirá a garantizar la protección de los derechos de las mujeres, promoviendo que las instituciones encargadas de dicho fin transiten desde una posición asistencialista hacía una perspectiva de derechos para que las mismas sean reconocidas como ciudadanas.

“Para ello, es importante reconocer que la capacitación es uno de los pilares que sostiene los procesos de transversalización y por ende, es una poderosa herramienta de transformación”, puntualizó el autor de la iniciativa.

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