La ventana jurídica para Néstor Díaz y políticos que perdieron investidura

[:es]Un fallo de tutela emitido este jueves por la Corte Constitucional amparó los derechos de los exlegisladores Noel Ricardo Valencia y Héctor Javier Pedraza, que habían perdido la investidura ante el Consejo de Estado por tener familiares con contratos estatales durante el año previo a su elección, lo que podría abrir la puerta para que otros políticos que perdieron la investidura puedan volver a aspirar a cargos de elección popular si fueron sancionados por hechos ajenos a su voluntad.

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Gracias a la acción de tutela que interpusieron ambos exparlamentarios, centenares de dirigentes más a quienes se les decretó la muerte política por haber violado inhabilidades o incurrir en incompatibilidades sin haberse percatado de la falta podrán reclamar su derecho de volver a postularse a cargos de elección popular.

La pérdida de investidura es reconocida como la muerte política, por tratarse de un tipo de sanción que les impide a los servidores públicos que son elegidos por voto popular seguir aspirando. La sanción está contemplada en el régimen electoral como una medida del juez contencioso administrativo para evitar que los candidatos se aprovechen de cualquier ventaja que pueda ofrecerles la cercanía con ciertos estamentos de poder.

Este es el mismo caso del exalcalde Néstor Fernando Díaz Barrera. Su padre, Néstor Díaz Saavedra, por haberse desempeñado como Director de Impuestos Nacionales y Director General Encargado de la DIAN durante los 12 meses anteriores a la elección de su hijo como Diputado de Santander, lo inhabilitó debido a que ejerció como autoridad civil en el respectivo departamento por lo que el Consejo de Estado le declaró la muerte política.

 

Una luz en la oscuridad

Hoy, la Constitución y la ley establecen una serie de inhabilidades e incompatibilidades que impiden, por ejemplo, que quienes pretenden ocupar un cargo que se dirime a través del voto puedan hacerlo cuando tienen a sus cónyuges o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad ocupando cargos estatales.

El Consejo de Estado y los tribunales de lo contencioso administrativo han sostenido que si los dirigentes violaban una de estas prohibiciones, así no hubieran actuado dolosa o culposamente, debían ser sancionados con la pérdida de investidura.

En tal sentido, si a algún congresista, diputado, concejal, gobernador u otro político le descubrían vínculos de afinidad civil o consanguínea con congresistas o funcionarios estatales, quedaban expuestos a no poder volver a participar nunca más en unas elecciones, lo cual obligaba a cada aspirante a que, antes de candidatearse y durante el año previo a las elecciones se cerciorara de que ninguno de sus familiares terminara inhabilitándolo.

Igual sucedió con los congresistas Noel Ricardo Valencia y Héctor Javier Pedraza, quienes se vieron impedidos para volver a hacer política porque familiares suyos tuvieron contratos con el Estado, sin que ellos hubieran podido haber hecho algo que provocara esa situación y sin poder evitarlo.

Por eso, interpusieron una acción de tutela que fue escogida para revisión por la Corte Constitucional. Su intención era que ese alto tribunal obligara a cambiar la jurisprudencia en materia electoral, para impedir que las actuaciones de terceros terminaran castigando tan implacable e injustamente a quienes se interesan por hacer política.
 

Los casos que pueden ser favorecidos

Aunque el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza proponía otra cosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que si el servidor elegido no tiene culpa alguna en la configuración de la inhabilidad o la incompatibilidad, este no tiene por qué pagar con una sanción tan severa como lo es la pérdida de investidura.

Según el nuevo fallo, que deberá proyectar la magistrada Gloria Stella Ortiz, esta sanción solo procede si se comprueba que el demandado era consciente de la falta en la que estaba incurriendo y por tanto se hacía merecedor a ella.

Eso significa que a los concejales, gobernadores, diputados, congresistas y demás servidores que les aparezca un familiar con el que perdieron contacto celebrando contratos con el Estado, o que se vincule a este en el año previo a las elecciones, ya no tendrán de qué preocuparse.

Los que sí corren el riesgo de perder vigencia son aquellos fallos en los cuales se ha impuesto la medida sin que los dirigentes hayan actuado dolosa o culposamente, lo cual abre las puertas a que centenares de sancionados recuperen su investidura.
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