Razones del ‘jalón de orejas’ a MinTransporte por deficiencias en Metrolínea

[:es]En atención a los inconvenientes presentados para la implementación de sistemas integrados de transporte masivo en el país y en virtud del acompañamiento preventivo que ha realizado la Procuraduría General de la Nación, especialmente a Metrolínea (Bucaramanga), el Ministerio Público presentó al Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, algunas apreciaciones al respecto. (Lea también: Metrolínea perdió en solo un año el 10,3% de sus pasajeros, según el Dane)

Indicó el órgano de control que en términos generales el estado actual de los diferentes proyectos demanda la intervención inmediata y decidida del Gobierno Nacional, recomendando la verificación y seguimiento estricto al estado actual, bajo la consideración de que la implementación de la política de transporte es tan importante como su formulación.

“Llama la atención que el sistema financiero tenga serias dudas frente a la financiación de los sistemas masivos de transporte y eso acarrea graves consecuencias para el cumplimiento de los entes gestores y la prestación adecuada del servicio”, destaca el informe.

En igual sentido, la Procuraduría le solicitó al ministro Rojas Giraldo que es necesario considerar en la agenda del Gobierno Nacional a los sistemas de transporte, el escenario de un plan estratégico que permita contar con el apoyo de diferentes actores para lograr superar la mala imagen que tienen y, como consecuencia de ello, la respuesta de los actores frente al cumplimiento de las obligaciones propias.

 

El caso Metrolínea

Las observaciones presentadas a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública señalaron de manera particular sobre Metrolínea, sistema de Bucaramanga y su Área Metropolitana, es identificado como uno de los que presenta mayores dificultades actualmente, en torno a la exigibilidad y seguimiento a los contratos de concesión suscritos para la prestación del servicio.

La infraestructura que demanda la implementación del sistema en esa región se encuentra en estado de indefinición, contando con un laudo arbitral en contra que condenó al ente gestor al pago de cerca de 170.000 millones de pesos.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación dejó claro que la actuación preventiva se realiza conforme al artículo 24 de la ley 262 de 2000, y es selectiva, por ello establecieron criterios institucionales para definir su pertinencia, como lo son: la gravedad de los hechos, cuantía del proceso de selección o contrato, naturaleza del contrato o proceso de selección e impacto en la sociedad de los fines perseguidos por la contratación.

 (Lea también: Contraloría: “Ángela Farah no cumple el perfil de Gerente de Metrolínea”)[:]

0 Comentarios

Deje su Comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password