El nuevo regaño de la Procuraduría al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández

[:es]El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez,  vuelve a ser protagonista de las advertencias de la Procuraduría General de la Nación, en esta ocasión le formuló recomendaciones de carácter preventivo sobre prácticas de vinculación laboral en su Administración.

(Lea también: Escandalosos contratos tienen en el ojo del huracán al Gobierno de Bucaramanga)

En un pronunciamiento público, este lunes, el Ministerio público a través de un comunicado -en cumplimiento de su función preventiva-, le formuló recomendaciones a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, “orientadas a garantizar que sus procesos de vinculación contractual de personal continúen desarrollándose dentro del marco legal establecido para ello”.

En el comunicado, la procuraduría explicó que, “luego de efectuar una revisión a los procedimientos administrativos dispuestos para el desarrollo de actividades laborales en esta entidad territorial, cumplimiento de sus fines y funciones, el órgano de control logró establecer que la Secretaría Administrativa de esta entidad ha advertido al despacho del alcalde, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría del Interior y la Oficina Jurídica, la importancia de evitar el desempeño de tareas, labores u oficios de personas que no se encuentren vinculadas contractualmente con la administración”.

El Ente de Control Disciplinario en su informe de cierre, recomendó iniciar proceso preventivo extensivo a los 33 municipios de la jurisdicción de la Procuraduría provincial de Bucaramanga, encaminado a recabar en el cumplimiento del deber en los procesos de contratación de personal.

 

“La horrible noche”

A Hernández Suárez no le ha ido nada bien en los últimos días en la Procuraduría. El pasado 30 de junio, La Procuraduría Provincial de Bucaramanga ordenó una indagación preliminar contra Consuelo Rodríguez Gil, actual directora del Inderbú y vinculó al proceso disciplinario a Elizabeth Pico Díaz, María Piedad Echeverría Rodríguez y Elizabeth Cristancho Castellanos, directora administrativa y financiera, jefe de la oficina asesora jurídica y tesorera del Instituto, vigencia 2016, por presuntas irregularidades por el no pago oportuno de las prestaciones sociales a exfuncionarios de la entidad. (Lea también: Los funcionarios de la alcaldía incursos en indagación preliminar de la Procuraduría)

El pasado 24 de mayo, ante la existencia de posibles vicios en los requisitos exigidos a los proponentes, la Procuraduría Regional de Santander -a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad y legalidad en los procesos contractuales- le solicitó al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, que parara la licitación pública SEB-LP-001-2016, cuyo objeto a contratar es “prestar servicio de seguridad y vigilancia para las instituciones educativas oficiales y los puntos vive digital de Bucaramanga”. (Lea también: Razones de la Procuraduría para pedirle a Rodolfo Hernández parar licitación)

Y el pasado 20 de abril, la Procuraduría le exigió al mandatario local que cumpla con la legislación nacional y con sus funciones como burgomaestre, a propósito de los problemas de movilidad que sufre la ciudad, producto del transporte ilegal. En una misiva la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Fanny María González Velasco, criticó las manifestaciones que Hernández hizo sobre el transporte ilegal y su posible respaldo a esta ilegalidad. (Lea también: Procuraduría le pidió al alcalde de Bucaramanga “que no se haga el bobo”)[:]

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