Los funcionarios de la alcaldía incursos en indagación preliminar de la Procuraduría

[:es]El pasado 5 de junio, Corrillos! reveló de manera exclusiva las razones técnicas expuestas por la Contraloría de Bucaramanga que dejaban entrever como la directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbú) se había convertido en un mal empleador, desconociendo las obligaciones contractuales que tiene con sus funcionarios, razones por las cuales el órgano de control fiscal debió hacerle un “jalón de orejas” y compulsó copias a la Procuraduría.

(Lea tambien: Los incumplimientos del Inderbú por los cuales la Contraloría le “jala las orejas”)

El informe suscrito por el ente de control fiscal municipal,  prendió las alarmas sobre el no pago de las prestaciones sociales a que tienen derecho los funcionarios públicos que se han venido desvinculando de ésta entidad.

“Para la Contraloría, la situación puede agravarse –no solo por las circunstancias que han tenido que soportar los funcionarios desvinculados- debido a que la actitud asumida por la directora del Instituto puede acarrear un daño al patrimonio público”, expuso el documento técnico.

El llamado de atención del contralor municipal empezó a rendir sus frutos. La Procuraduría Provincial de Bucaramanga acaba de ordenar una indagación preliminar en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2002, a Consuelo Rodríguez Gil, actual directora del Inderbú. Además, vinculó al proceso disciplinario a Elizabeth Pico Díaz, María Piedad Echeverría Rodríguez y Elizabeth Cristancho Castellanos, directora administrativa y financiera, jefe de la oficina asesora jurídica y tesorera del Instituto, vigencia 2016.

El auto de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, del 23 de junio de 2016, hace referencia a presuntas irregularidades por el no pago oportuno de las prestaciones sociales que a la fecha le adeuda el Inderbú a los señores Mary Luz Andrade Gómez, Jaime Alberto Acosta Zamudio y Alfredo Muñoz Angarita.

La decisión de la Contraloría de compulsar copias al ente de control disciplinario, se basó en el hecho que “cuando en ejercicio del control de legalidad la Contraloría advierta el quebrantamiento del principio de legalidad, promoverá en forma inmediata las acciones constitucionales y legales pertinentes y solicitará de las autoridades administrativas y judiciales competentes las medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de un daño al patrimonio público, quienes le darán atención prioritaria a estas solicitudes”.

En el oficio –que ahora es la queja formal que tiene en su poder del Ministerio Público- la Contraloría hace expresa la evidencia por parte de la directora del Inderbú, Consuelo Rodríguez Gil y otros funcionarios de la entidad, que se han desconocido los procedimientos establecidos en la ley 951 del 2005 violando de esta manera el principio de legalidad.

(Lea tambien: Por suscribir contrato con el Sena, concejal de El Playón en el ojo de la Procuraduría)[:]

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