Los argumentos de la defensa que salvaron la elección del alcalde de Oiba

[:es]El Tribunal Administrativo de Santander, con fallo del 27 de junio, denegó las pretensiones de una demanda interpuesta contra el actual alcalde de Oiba, Carlos Miguel Durán Rangel, por hechos cuando se desempeñó también como mandatario local entre 2008-2011.

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La sentencia proferida por los magistrados Julio Edinsson Ramos Salazar, Milciades Rodríguez Quintero y Solange Blanco Villamizar, tuvieron que ver con dos procesos acumulados, con respecto a la no reparación patrimonial al Estado por parte del burgomaestre en dos hechos en los que el municipio fue multado, producto de situaciones administrativas que se generaron durante su gobierno.

Henry Díaz González y Francisco Alberto Cote Villamizar, autores de las demandas contra Durán Rangel, advirtieron que, en el primer caso, no hubo reparación patrimonial por declararse insubsistente a la señora Paula Lucumi Useda, mediante Resolución 007 de enero 4 de 2008, acto administrativo que fue declarado nulo por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y por lo cual fue sancionado la alcaldía con la suma de 38 millones 482 mil pesos, la cual fue pagada en su totalidad por el Municipio.

La segunda demanda tiene  que ver con la sanción que la Superintendencia de Salud impuso al municipio de Oiba mediante Resolución 003445 de 2012, por reporte extemporáneo de información financiera respecto de los trimestres de diciembre 31 de 2010 y junio 30 de 2011, multa que fue impuesta durante el ejercicio del demandado como alcalde municipal.

Aduce la demanda, que dentro del proceso administrativo que se llevó acabo para la adopción de la resolución 003445, la Supersalud garantizó el municipio de Oiba su derecho de defensa y contradicción y el ente territorial a través de su representante legal actuó con negligencia. “El demandado no ha asumido a cargo de su patrimonio el valor de la sanción impuesta por la superintendencia de salud”, advierte.

Los denunciantes pretendían que se declare la nulidad del formulario y 26-ALC del 27 de octubre de 2015 por medio del cual se declaró electo como alcalde del municipio de Oiba para el periodo 2016-2019 a Carlos Miguel Durán Rangel y que,  como consecuencia del anterior declaración, se declare la elección de quien sigue en votación y se expida la credencial respectiva.

Argumentan que, el demandado se encontraba en curso en una inhabilidad para ser alcalde del municipio de Oiba conforme lo dispone el artículo 122 de la Constitución política, por cuanto, sus conductas dolosas o gravemente culposas conllevaron a que el Estado fuera condenado a una reparación patrimonial.

 

Detalles de la defensa

El abogado, Carlos Alfaro Fonseca, quien actuó como defensor del alcalde Carlos Miguel Durán Rangel, logró un fallo favorable para su defendido al establecer que, “es verdad que el 4 de enero de 2008 se produjo la Resolución 007 de 2008 la cual fue proyectada por la doctora Carla Magoly Peña Cala, Secretaria General, en ejercicio de las funciones consagradas en el Decreto 014 de 2000, consideró que para la época del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional estaba dado para mejorar el servicio que existía”.

Señaló que “no es cierto que Carlos Miguel Durán en ejercicio de sus funciones obró conscientemente al proferir el acto administrativo incurriendo en culpa y dolo civil pues es médico de profesión y confío en sus asesores quienes le manifestaron lo procedente que era este acto administrativo de declarar insubsistente a la secretaria ejecutiva para mejorar el servicio”.

Tambien logró establecer, que “la sentencia que se produjo el 29 de abril de 2011 no consideró ni la culpa grave ni el dolo, por lo que, no es cierto que se hayan violado normas constitucionales como el artículo 122 de la Constitución política ni los artículos 5 y 6 de la ley 678 de 2001 (…) no es cierto que la condena patrimonial al Estado haya sido por culpa grave o por dolo y que tampoco existe prueba del pago hecho por el municipio de a la señora Paula Lucumi Uceda por valor de $38,482 mil pesos”.

Frente al segundo proceso, la defensa adujo que, “no es cierto que Carlos Miguel Durán en ejercicio de sus funciones como alcalde de Oiba haya dado lugar a una reparación patrimonial al Estado al no reportar información financiera dentro de los términos establecidos en la circular única de la Superintendencia de Salud respecto de los trimestres de marzo y septiembre 2011 porque esta función la cumple la dirección local de salud que existe en el municipio y que estaba a cargo de la doctora Sandra Giraldo Sanabria de conformidad con lo señalado en el artículo 114 de la ley 14 38 de 2011, siendo esta obligación de los directores locales de salud y no de los alcaldes”. Y, aunque acepta que la investigación se inició el 2 de marzo de 2012, época para la cual el demandado no oficiaba como alcalde, pues su periodo terminó el 31 de diciembre de 2011, el sucesor, Johonny Walter Peñalosa Niño fue la persona notificada del auto 000286 de 2012 sin que esté corriera traslado o notificará a Carlos Miguel Durán de la iniciación del procedimiento administrativo sancionatorio, decisión que tampoco le fue notificada a la funcionaria Sandra Giraldo Sanabria.

En tal sentido, para los magistrados, “se concluye que al no estar aprobado el supuesto de hecho de la causal de inhabilidad consagrada en la segunda parte del inciso final del artículo 122 constitucional, modificado por el acto legislativo 01 de 2004, resulta inútil abordar el estudio de los demás requisitos consagrados en el tenor literal del artículo, concluyéndose que el demandado no incurrió en la inhabilidad que soportó la demanda electoral y en consecuencia, se denegarán las pretensiones”, dice el texto de la sentencia.

(Lea tambien: En firme elección de alcalde de Lebrija, tras fallo del Tribunal Administrativo)[:]

1 Comentario

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    9 agosto, 2018 at 5:10 pm

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