Motivos por los cuales se demandó la elección del Contralor de Bucaramanga

[:es]Leslie Carolain Patiño y Juan Sebastián Amaya Patiño son los autores de la demanda que intenta tumbar la elección del recién elegido Contralor de Bucaramanga. La primera fue una antigua candidata al concejo por el movimiento MIRA mientras que el segundo es un joven abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Constitucional.

Amaya Patiño es además vicepresidente de la Fundación Humanizando No Discriminando, cuya tarea es la de buscar soluciones a familias de escasos recursos para sus problemas sociales. Dentro de la misión de la ONG está el de buscar la transparencia de los procesos públicos y la elección del funcionario que vigila el erario, sin duda entra dentro de su agenda de trabajo.

“Somos un conglomerado de ciudadanos activos y comprometidos con el progreso y el desarrollo social de nuestros territorios; un grupo independiente y altruista, que enfoca su esfuerzo y conocimiento en pro de dignificar la vida de las poblaciones más vulnerables, brindando apoyo jurídico y desarrollando acciones visibles para la promoción y garantía  de los derechos humanos”, dijo el joven abogado bumangués.

Dentro del trabajo social con poblaciones vulnerables se encuentra la búsqueda del reconocimiento de los derechos a un ambiente sano y el agua de los habitantes del Barrio 12 de octubre parte baja de Bucaramanga, “dentro del trabajo por dicha población en conjunto con la fundación Ecovoces, interpusimos una acción popular encaminada a lograr una mejor calidad de vida para las personas del asentamiento humano, y recientemente mediante una acción de tutela logramos que las entidades competentes atendieran al llamado y procedieran a la recolección de basuras del barrio mencionado”.

 

La demanda por la elección del Contralor

Para Juan Sebastián, encaminados dentro del trabajo social, al observar la forma como se realizó la elección del nuevo Contralor de Bucaramanga, designación que recayó en Jorge Gómez Villamizar, “notamos que la misma no es leal con los bumangueses teniendo en cuenta que no se aplicaron los principios y normas relacionados con una convocatoria pública, una elección transparente y objetiva que garantice la participación de todos los interesados y sobretodo que evalúe a los inscritos de manera que la elección se realizara entre los mejor calificados dentro de un concurso de méritos”.

Los demandantes basaron la querella en el artículo 272 de la Constitución Política, que fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, el cual reformó la norma constitucional en el sentido que los Contralores regionales no serían elegidos de ternas enviadas de los Tribunales de Distrito y de los Tribunales Contenciosos Administrativos, sino en lugar de ello se realizaría mediante una convocatoria pública.

“Sobre la convocatoria pública referida, el Consejo de Estado en concepto del 10 de noviembre de 2015 sostuvo que la misma se debe realizar por analogía -Artículo 8 Ley 158 de 1887- de conformidad a la elección de los Personeros Municipales aplicando la Ley 1551 de 2012 y su Decreto reglamentario 2485 de 2014, condiciones que no se cumplieron en Bucaramanga”, indicó Amaya Patiño.

Esta demanda no tiene nada que ver con la que llevó a suspender el proceso de elección anterior, “lo que conocemos del proceso que se adelantó el año pasado para la elección de contralor es que el mismo fue sometido a un juez vía tutela y dentro de dicha acción se ordenó la suspensión del mismo, tenemos que en dicha oportunidad el proceso se realizó teniendo en cuenta los argumentos que hoy sustentan la acción de nulidad y que con el cambio de administración y de concejales también vino la revocatoria de todo el concurso que se adelantó el periodo pasado y seguidamente la elección sin ningún tipo de evaluación”.

 

Fallas que pudo haber cometido el Concejo

A criterio de los demandantes, el Concejo se equivocó en la medida que como representantes de los bumangueses debieron propender por un proceso de elección transparente y objetivo que obedezca al sentido constitucional de promoción de la meritocracia para la elección de servidores públicos, “es decir debieron garantizar que se llevara a cabo un concurso con etapas de calificación de capacidades y aptitudes a fin de que se escogiera a la persona que demostrara el mejor perfil”.

El proceso, que está en manos del Juez Séptimo Administrativo Oral de Bucaramanga, busca que se declare la nulidad del artículo octavo de la Resolución 024 de 2016 del Concejo de Bucaramanga, lo cual significa que se sacaría de la vida jurídica el acto administrativo que llamó a elección del contralor sin contar con los procedimientos sugeridos por el Consejo de Estado, “el mismo que se utiliza para la elección de Personeros, lo que en ultimas implicaría que el concejo de Bucaramanga tenga que realizar nuevamente el procedimiento garantizando una convocatoria pública entendida esta como la implementación de un procedimiento de méritos”, reiteró Juan Sebastián Amaya Patiño.

 

¿Vacíos o procesos amañados?

Para el abogado Amaya Patiño, la reforma del artículo 272 de la Constitución Política, mediante el Acto Legislativo 02 de 2015 es reciente y básicamente la función de realizar una convocatoria pública es nueva para los Concejos, teniendo en cuenta que antes la figura del Contralor si bien era escogido por el Concejo lo hacían teniendo en cuenta terna propuesta por los Tribunales de Distrito y los Tribunales Contenciosos Administrativos. La norma cambio y eso ha sido traumático.

“No puedo saber si existieron intereses por parte de los concejales por cuanto ellos son los únicos que conocen las razones por las que decidieron apartarse del concepto del Consejo de Estado y no realizar un procedimiento que garantice la meritocracia, yo pienso que lo que podríamos hacer es preguntarles a los concejales el motivo por el cual se apartaron de una posición que ellos mismos aplicaron en el periodo pasado mediante las resoluciones 150 y 151 de 2015”, puntualizó.[:]

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