Se agudiza la pelea casada entre la CAS y el alcalde de Barrancabermeja

[:es]Debido a que se siguen llevando los residuos sólidos al relleno sanitario de Rediba, pese a la emergencia sanitaria declarada por el Municipio de Barrancabermeja, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel Guerrero se desplazó hasta el lugar para observar cómo se está realizando esta disposición y desde ahí anunció que su despacho compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación y tomará medidas más drásticas desde la CAS.

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Tras su visita, la jefe de la autoridad ambiental anunció que se estudia la posibilidad de demandar el decreto de emergencia sanitaria que emitió la Alcaldía a finales de 2015. “Hemos hecho una visita únicamente de observación y hemos visto que el proyecto como tal se está manejando de manera eficiente; sin embargo es importante revisar de fondo cada uno de los aspectos que se indican dentro del plan de manejo ambiental”, aseguró la funcionaria.

Advirtió que, “estoy muy preocupada porque desde octubre del año pasado Barrancabermeja declaró una emergencia sanitaria y pese a que Rediba no ha cumplido su plan de manejo y nosotros mantenemos la sanción de cierre del relleno sanitario Barrancabermeja, ha seguido disponiendo los residuos en este lugar”.

Como se recordará, el pasado 14 de mayo se registró una mortandad de peces en la quebrada El Zarzal, cerca del relleno sanitario de Rediba, lo que llevó a las autoridades ambientales a encender las alarmas.
“Una vez tuvimos conocimiento dispusimos de todo el equipo técnico para que hicieran una visita de campo para verificar tanto las especies como la posible afectación que se estaba presentando en las aguas de la quebrada El Zarzal. En este sentido se desplazó la médico veterinaria y un biólogo que hicieron un recorrido. Efectivamente el relleno sanitario de Rediba es uno de los puntos a estudiar”, indicó la directora de la CAS. Este 31 de mayo se conocerán los resultados.

 

El “toma y dame” entre la CAS y el alcalde

Como se recordará, actualmente el Puerto Petrolero pasa por una problemática ambiental a causa de sus tres rellenos sanitarios. El relleno Anchicayá fue cerrado por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, La Esmeralda fue cerrado definitivamente por la CAS y está a la espera de los procesos de clausura y posclausura, y el relleno sanitario Rediba se encuentra actualmente suspendido, sin embargo sigue en operación por la emergencia sanitaria que fue declarada.

La directora de la CAS aseguró que “si bien es cierto que estos rellenos tienen la legalidad porque fueron licenciados en su momento”, ya se tomaron las medidas necesarias para suspender su utilización y recalcó la importancia de buscar una pronta solución conjunta que dé solución a esta problemática pues “no es posible que un municipio se escude en el decreto de emergencia para seguir disponiendo y decir que la responsabilidad es de la autoridad ambiental”.

También recordó que en manos de los municipios está la responsabilidad de la operación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, según reza en la Ley 142. “Los  municipios en su plan de gestión integral de residuos tienen que tener mecanismos de solución frente a situaciones como esta. Es decir, tener algunas alternativas de solución. Llevamos cinco meses de este período y no hemos visto que se presente alguna propuesta de cómo disponer los residuos de Barrancabermeja”, agregó.

 

La fuerte reacción de Echeverri

Ante esta situación, el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, le salió al paso a lo declarado por la jefe de la CAS de compulsar copias a la Procuraduría y de ser más “drástica” en sus medidas, afirmando que, “es importante que lo demande pero ella primero debe autodemandarse. El Decreto de emergencia sanitaria se dio por una irresponsabilidad de ella”.
Advirtió que  la directora dela CAR fue quien dio la autorización ambiental para el funcionamiento tanto del relleno de Rediba como el de Anchicayá, en el Distrito de Manejo Integrado San Silvestre. “Qué demande el Decreto, porque necesitamos tener elementos jurídicos. La CAS nos ubicó en el peor escenario y hoy tenemos el chantaje de un operador y ahora el chantaje de la CAS”.

Y fue más allá, “la doctora Flor María Rangel dice que fue porque la anterior Administración incluyó en el polígono esas coordenadas, pero ella es la autoridad ambiental y fue la que en ningún momento debió autorizar dos basureros”.
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