La suerte del alcalde de Lebrija Sergio Valenzuela se define esta semana

[:es]Si no hay imprevistos, el próximo jueves 19 de mayo el Tribunal Administrativo de Santander expondrá el fallo de única instancia que determina si hubo o no irregularidades en la elección del alcalde de Lebrija, Sergio Alonso Valenzuela, elegido en octubre pasado por los partidos de la U y Opción Ciudadana.

La demanda interpuesta por el abogado Erasmo Garavito Vargas, en representación de Carlos Mario Díaz Tarazona, tiene que ver con posibles errores cometidos por las mismas autoridades electorales en materia de trashumancia. La instancia administrativa dirimirá si el mandatario local pudo haberse favorecido de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que anuló 4.092 cédulas de ciudadanía aptas para sufragar.

Para Garavito Vargas, “los argumentos para impedir la votación a estos 4.092 ciudadanos tienen vicios que afectaron la legalidad y transparencia del proceso electoral. Esto pudo haber modificado el resultado del escrutinio, afectando a los demás candidatos inscritos para la contienda electoral del 25 de octubre de 2015 en dicho municipio”.

Según el resultado de las elecciones, Sergio Alonso Valenzuela (la U y Opción Ciudadana) logró 5,972 votos; 269 más que Humberto Lesmes (‘La Lebrija que Soñamos en las Mejores Manos) que sumó 5,703 sufragios; 2.026 más que Javier Eduardo Forero Sandoval (Centro Democrático y Cambio Radical) que alcanzó 3.986 apoyos y 2.123 más que Luis Carlos Ayala Rueda (Partido Verde) quien logró 3.849 votos. “Es evidente que las 4.092 personas a quienes se les negó su derecho al voto pudieron haber cambiado el resultado, cualquiera de los tres que salieron derrotados, también pudieron haber alcanzado el triunfo”, destacó el abogado.

 

Fallas al declarar trashumancia

Las cédulas inhabilitadas y consideradas como trashumantes por el CNE a través de la Resolución 2552 de 2015, pudo haber desconoció normas constitucionales y derechos fundamentales, fue expedida por funcionarios sin competencia, de forma irregular, con desconocimiento del derecho a la defensa, con falsa motivación y extralimitación de funciones.

Ante esta situación, el abogado Garavito Vargas solicita la declaratoria de nulidad de los escrutinios que figuran en el formulario E-26, cuya acta fue expedida el 28 de octubre del 2015, por la Comisión Escrutadora de Lebrija. Además, solicita que se convoque a la realización de una nueva elección de alcalde para el periodo 2016-2019.

La demanda, de la que es ponente el Magistrado Rafael Gutiérrez Solano, explica que Lebrija es una localidad cosmopolita, receptora de población oriunda de todo el país, que con la construcción de Hidrosogamoso se generó la llegada de mano de obra, que se radicó de forma temporal en la zona rural y urbana y con posterioridad fue de forma definitiva en Lebrija.

Además, el incremento del potencial electoral también se debió al proceso de reubicación de personas por causa de la ejecución de grandes proyectos como la represa y la doble calzada; provenientes de San Vicente de Chucurí, Betulia y Girón, a quienes se les entregaron casas en la zona urbana o parcelas en la zona rural.

El número de personas que se encontraban registradas en el censo electoral de Lebrija en 2015 fue de 28.779, cifra superior a las proyecciones por el Dane, que eran para el 30 de junio del 2015, de 25.707 ciudadanos. Con este crecimiento poblacional registrado en Lebrija, se incrementó la inscripción de cédulas durante los años 2014 y 2015.

En tal sentido, el CNE pudo haber vulnerado el derecho al debido proceso, al omitir el procedimiento legal, para notificar a las personas investigadas por la presunta investigación de trashumancia, en el sentido, que la primera notificación se debería hacer personal y luego sí por aviso, de conformidad como lo contempla el CPACA, ley 1437 del 2011, que es obligatoria para todo trámite administrativo.

También vulneró el derecho al debido proceso, al no publicar el listado de personas que eran investigadas por la presunta investigación de trashumancia, sólo lo hizo cuando fueron dejadas sin efectos las inscripciones, es decir, no fueron escuchados y vencidos en juicio.

Tampoco se efectuó la práctica de pruebas en debida forma, como era nombrar una comisión y realizar inspección o visitar los domicilios de los demandados. No se ordenó la práctica de testimonios de los vecinos de los investigados al momento de realizar las visitas a la residencia de los presuntos trashumantes, entre otras consideraciones consignadas por los demandantes.[:]

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