¿Por qué la alharaca de los congresistas santandereanos de “renovar” la Estampilla UIS?

[:es]Ante la secretaría general de la Cámara de Representantes, el senador Mauricio Aguilar Hurtado, de Opción Ciudadana y las coautoras, las Representantes santandereanas María Eugenia Triana y Lina Barrera Rueda, radicaron el proyecto de ley por medio del cual se renueva la emisión de la Estampilla Pro-UIS (Universidad Industrial de Santander), creada mediante la ley 85 de 1993 y modificada a su vez por la ley 1216 de 2008.

(Lea también: Otro round entre gobiernos de Aguilar y Tavera. Esta vez se ‘agarraron’ por estampilla ProUIS)

El congresista santandereano explicó en qué consiste el objeto de dicha iniciativa: «La idea es darle facultades a la Asamblea Departamental de Santander, para que a través del recaudo que hace el departamento, mediante un tributo denominado estampilla pro-UIS, destine esos recursos para el fortalecimiento académico, la modernización institucional y el programa de regionalización en las provincias santandereanas, y a su vez para que muchos jóvenes puedan acceder a la universidad pública, uno de los grandes pilares del gobierno nacional».
Aguilar Hurtado manifestó además, que la renovación de esta estampilla es de gran importancia para la educación de su departamento, ya que está próxima a perder su vigencia y precisó, «esta debe hacerse por el mismo monto por el cual se solicita, doscientos mil millones de pesos, como rezaba la ley 1216 de 2008, que faculta al gobierno departamental para hacer este recaudo, y trasladarlo a la Universidad Industrial de Santander, para el fortalecimiento de estos programas del alma mater por excelencia, de los santandereanos».
En la exposición de motivos, este proyecto de ley contempla que los recursos provenientes de la estampilla pro-UIS, debe invertirse en los programas de regionalización de la UIS, que han sido el motor de desarrollo y crecimiento institucional, principalmente en las sedes del Socorro, Barrancabermeja, Málaga y Barbosa, en respuesta directa a las necesidades de formación de los estudiantes de la provincia santandereana; así mismo, la ejecución de programas de modernización institucional y fortalecimiento académico, en los mismos términos que fue regulado por la Ley 85 de 1993, modificada por la Ley 1216 de 2008.[:]

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